Caracas, 22 ago (EFE).- El abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, rechazó este jueves el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que confirma la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales, ya que -dijo- «la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo», citando la Constitución.
«La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad», escribió en la red social X el opositor, considerado ganador de las elecciones por la PUD y diversos organismos nacionales e internacionales.
El TSJ asumió la «validación» de los resultados electorales, a solicitud de Maduro, quien introdujo un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 excandidatos presidenciales, aunque González Urrutia declinó asistir, al considerar que la verificación no es competencia de la institución jurídica, sino del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Sala Electoral del TSJ convalidó «los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el CNE», dijo ante las altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, quien lideró el peritaje judicial.
La decisión del Supremo era la esperada por González Urrutia y otros opositores, al considerar que el tribunal está «parcializado», contrario a lo que afirma Maduro, que defiende su imparcialidad.
Horas antes de que se emitiera la sentencia, el abanderado de la PUD había advertido que la decisión judicial «solo agravará la crisis» que vive el país tras la cuestionada victoria que otorgó el ente comicial a Maduro.
Asimismo, el opositor dijo que los venezolanos no están dispuestos «a renunciar» a la «libertad» ni al «derecho a cambiar en paz para vivir mejor» tras las presidenciales, en las que la PUD considera que su abanderado obtuvo la victoria, según el «83,5 % de las actas» que dice haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno califica de «falsos».
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