José Francisco Conte Capozzoly
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 52 establece: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”.
Esta garantía viene siendo sistemáticamente quebrantada o vulnerada por distintos organismos del Estado, y muy específicamente por el Poder Judicial, por cuanto el Tribunal Supremo de Justicia en lo que va de 2023, ha dictado una serie de sentencias en las que se inmiscuye en los asuntos internos de asociaciones y agrupaciones de naturaleza privada.
Las recientes intervenciones de la Cruz Roja Venezolana y del Partido Comunista de Venezuela (PCV), por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, son un claro ejemplo de esta vulneración o lesión al referido derecho constitucional. Es decir, estos dos casos son más que suficientes para afirmar que estamos frente a un modelo de intervenciones violatorias a las diferentes expresiones de la sociedad civil, y que el mismo se viene agravando permanentemente.
Los casos del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de la Cruz Roja, son los últimos de una extensa lista de partidos políticos, gremios, sindicatos, colegios profesionales y hasta juntas de condominio y club deportivos, que han sufrido la intromisión del TSJ en sus elecciones, las suspende o aplaza, sustituye a sus autoridades y las reemplaza por otras., etc. Estos dictámenes han sido tomados tanto por la Sala Constitucional como por la Sala Electoral.
Concretamente en lo que va de 2023, se han dictado una cadena de sentencias contra gremios o federaciones deportivas, ganaderas, clubes deportivos o recreativos, compañías, organizaciones caritativas, comités de seguridad industrial y laboral y contra un partido político disidente del oficialismo.
Del mismo modo, al menos una docena de partidos políticos han sido intervenidos judicialmente por el TSJ, un número parecidos de Colegios de Abogados de distintos Estados y a la totalidad de Universidades Públicas y Autónomas les ha impedido renovar sus autoridades en los últimos años. Vimos como la Universidad Central de Venezuela llevó a cabo el proceso de elecciones de sus nuevas autoridades contra viento y marea y sorteando una serie de obstáculos de todo tipo.
A todo esto, debe añadirse la serie de campañas de desprestigio llevadas a cabo por altos funcionarios del gobierno contra organizaciones y sus activistas, la intencionalidad oficialista de establecer severas regulaciones a las organizaciones de la sociedad civil para impedir sus actividades y trabajo.
Todo lo antes expresado, pone de manifiesto como el derecho y la garantía constitucional de libre asociación, a la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión son constantemente vulnerados, atropellados y menoscabados por entes oficiales o gubernamentales en contra de los ciudadanos.
José Francisco Conte Capozzoly
Abogado y Docente Universitario.
