Pese a que considero que la mejor solución de las diferencias y de los conflictos entre los seres humanos debe ser pacífica, lo que en política significa diálogo, negociaciones y acuerdos, rubricados luego con consultas a la voluntad popular, entiendo que en la lucha por el poder son válidas otras acciones, no necesariamente pacíficas, entre quienes luchan. Y cuando digo válidas es porque existen independientemente de lo que pensemos, hagamos o querramos. Entre estas opciones están los golpes de Estado, las insurgencias armadas y las insurrecciones populares, todas mucho más traumáticas y costosas que las vías pacíficas señaladas. Al tratarse de salidas nacionales, son preferibles de todas maneras a las intervenciones militares extranjeras, sin que esta afirmación signifique que se las debe promover.
Calificar como golpe de Estado, en toda la acepción de la palabra, a lo sucedido en Venezuela el primero de mayo pasado, quizás no sea lo más adecuado desde el punto de vista de las características de la acción insurgente ni de los logros alcanzados por sus ejecutores. Y no estoy utilizando el lenguaje engañoso de quienes quieren esconder sus responsabilidades y justificarse con retóricas inútiles y ridículas, que colocan lo ocurrido como la “acción luminosa de liberación del pueblo venezolano”, que “marcó el comienzo del cese de la usurpación”, ni nada por el estilo. Fue realmente una escaramuza, una reyerta, una refriega, o si se quiere, la mayor de las guarimbas planificadas hasta ahora, es decir una “guarimbota”, que no por ser caricaturesca deja de ser un intento violento contra el Estado.
Un golpe no se da desde un distribuidor vial, sin disparar un solo tiro, con menos de 30 efectivos, ni en vivo y en directo a través de las redes sociales, ni mucho menos es enfrentado por el gobierno que lo sufre con bombas lacrimógenas. Los golpes tienen objetivos gubernamentales y militares importantes, que buscan eliminar la resistencia de quienes defienden al régimen a derrocar; con armamento de cierta magnitud: tanques, cañones y vehículos para transportar las tropas, movilizados o listos para movilizarse desde sus sedes. No se hacen con dos o tres tanquetas de las destinadas al control del orden público, capturadas apresuradamente a última hora; no se ejecutan con cestas que contienen municiones y cambures, no ocurren sin la presencia de oficiales de distintas jerarquías comandando las acciones ni tampoco sin enfrentamientos importantes concretos o potenciales.
A menos que hayan fallado los apoyos militares previamente concertados o que se sea extremadamente irresponsable, ambas situaciones perfectamente posibles con esta oposición de la Asamblea Nacional, los objetivos han tenido que ser otros muy distintos de la caída de Maduro. Puede haberse tratado de profundizar la política de hostigamiento hacia el régimen, de debilitarlo, de estimular sus contradicciones, demostrar su vulnerabilidad y horadar el respaldo militar que tiene. Hacia las filas opositoras puede haberse querido enfrentar la desesperanza de sus seguidores, ratificar la voluntad y el valor de los dirigentes, en concreto de Juan Guaidó; hacer claro el papel ductor de Voluntad Popular y la jefatura de Leopoldo López, cuya liberación fue el mayor acicate para el llamado a respaldar la insurgencia.
Llama la atención que López estuvo libre en las calles de Caracas durante varias horas, sin que el gobierno, a pesar de las declaraciones vehementes de Diosdado Cabello y del Fiscal General, haya hecho algo por capturarlo. Se ve claramente que prefirió dejarlo ir, algo similar aunque no idéntico a lo que hizo con Ledezma, Rosales, Carlos Ortega y otros en su momento. Llamó la atención también que el alto mando militar tardó varias horas en aparecer y pronunciarse, como si no estuviera seguro de lo que pasaba y a la espera de confirmar la lealtad de la mayoría de la institución, o dando tiempo para ver si se producían otros pronunciamientos de respaldo a la acción insurgente de Guaidó.
Vista de esta forma, la acción desarrollada tuvo éxito en lograr la liberación de Leopoldo López, aunque algunos se preguntan si valió el costo político de toda esa parafernalia. ¿Por qué no se liberó a otros presos políticos, algunos en situaciones muy comprometidas como el caso de Gílber Caro, también de Voluntad Popular? Otro resultado de la escaramuza guarimbera, y éste no puede ser considerado positivo, fue el regreso a la Dirección del SEBIN del general González López, quien tiene múltiples acusaciones de desatender órdenes judiciales, de secuestrar prisioneros, de promover tratos inhumanos y de violentar el debido proceso y los DDHH.
