Caracas, 16 mar (EFE).- La Administración de Nicolás Maduro rechazó este domingo la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con lo que Caracas considera que Washington «criminaliza, de forma infame e injusta», a los migrantes venezolanos, quienes, según el chavismo, son víctimas de las sanciones del país norteamericano y otros Gobiernos occidentales.
A través de un comunicado, Venezuela expresó su «contundente» rechazo a la invocación de una «ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal», un acto que, a su juicio, «evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad», y denunció de forma «enérgica» que sus connacionales en EE.UU. «están siendo sometidos a persecución».
Según Washington, se busca acelerar las deportaciones masivas de los integrantes de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, que «está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio» estadounidense, dice la orden ejecutiva.
La decisión establece que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan al mismo, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
La Administración de Maduro repudió hoy, con «profunda indignación», la «amenaza de secuestro de menores de 14 años de edad».
«Nunca en la historia se había llegado al extremo de pretender calificar en un documento oficial y de manera sumaria a niños como miembros de grupos terroristas», expresó.
Caracas señaló que el venezolano que salió de su país lo hizo en busca de «alternativas de vida» y por «razones económicas que fueron consecuencia de las penurias creadas (…) por el bloqueo criminal» para «perpetrar sus planes de cambio de régimen».
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«No son terroristas, no son criminales ni ‘enemigos extranjeros’. Son víctimas», afirmó el chavismo, que acusó nuevamente a dirigentes opositores de haber «solicitado una y otra vez la aplicación de medidas coercitivas unilaterales», así como de crear una «red criminal de coyotes».
El oficialismo venezolano, ante la «gravedad de esta maniobra ilegítima», convocó a la unidad nacional y al «desarrollo de todos los mecanismos de protesta activa en lo diplomático, lo jurídico y lo político», en defensa de los migrantes y de sus familiares.
«No existirá espacio en la institucionalidad multilateral y en sus relaciones bilaterales a los que Venezuela no acuda para defender exhaustivamente los derechos de sus migrantes», agregó.
La Ley de Enemigos Extranjeros no ha sido invocada en EE.UU. desde la II Guerra Mundial (1939-1945), cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés, en uno de los episodios más oscuros de racismo contemporáneo.
Tras anunciarse la decisión este sábado, el juez federal James Boasberg bloqueó el uso de la ley durante 14 días o hasta nuevo aviso, y detalló que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire, debía volver a EE.UU.
Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo que, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, se ha enviado a más de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar.
