Amparados en la aplicación del decreto N° 49, el Ejecutivo regional dejó sin efecto el decreto 511, según lo informó el Secretario General de Gobierno, Jorge Pernía, quien aseguró que desde el punto de vista legal esta normativa perdió su fundamento para el cual fue creado pues existe gran descontento en la población motorizada ante los abusos reiterados por parte de las autoridades policiales.
Indicó que en los últimos años se han recibido denuncias de conductores y motorizados con respecto al abuso por parte de las autoridades policiales en el control de la movilidad y el tránsito.
“En virtud de la emergencia generada por el COVID-19 la normativa y estatutos establecidos en el decreto 511 quedaron prácticamente sin efecto, pues desde el punto legal este instrumento legal es ineficaz y su aplicación por parte de los organismos competentes cambió por la situación del coronavirus”, aseguró Pernía.
Exhortó a la población y conductores de motos a cumplir con los lineamientos y reglamentos legales establecidos en la Ley de Tránsito.
También hacemos un llamado- continuó el secretario general de gobierno- a las autoridades policiales apegarse al decreto de pandemia en cuanto al cumplimiento de los horarios permitidos para el tránsito de personas y movilidad de vehículos y motos.
“La derogación del decreto 511 obedece a una solicitud reiterativa de la población tachirense, clubes y organizaciones de motorizados cansada de los abusos sin freno por parte de las autoridades policiales”, argumentó.
Por su parte, Julio Cesar Hernández, Procurador General del estado, recordó que el Decreto 511 fue emitido en el año 2013 a raíz de los múltiples accidentes de tránsito protagonizados por motorizados, pero debido a la pandemia el gobierno central emitió un decreto de alarma pidiendo se adecuen las instituciones hospitalarias y así se cumplió.
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“Esta medida modificó totalmente los fundamentos de la normativa 511 y por consiguiente lo desapareció”, afirmó.
Hernández precisó que el decreto 511 no puede ser utilizado para fines lucrativos por terceros, “por lo tanto atendiendo el llamado de la ciudadanía, motorizados y conductores se tomó la decisión de derogar el decreto 511”.
Bajo el estado de excepción que se tiene por la pandemia – señaló – el gobierno central debe garantizar la seguridad a los ciudadanos y es responsabilidad de las autoridades nacionales con competencia en la materia de tránsito terrestre regular y ordenar todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana.
Recordó que el gobierno nacional asumió la competencia exclusiva en el manejo de la seguridad y son ellos quienes deben establecer a través de la Vicepresidencia de la república las resoluciones y decretos de ley en dicha materia, apoyadas en la Constitución Nacional, la Ley de Tránsito Terrestre, Reglamentos y a fines.
“La Gobernación del Táchira fiel al principio de colaboración con los poderes está siempre dispuesta ayudar en la búsqueda de la paz social. Nosotros hemos cumplido con la población y la Ley para devolverle al ejecutivo nacional sus competencias y atribuciones que el decreto 511 tuvo en su momento pero que ya no tiene debido al estado de alarma que vivimos por la COVID-19”.
