El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, denunció una presunta red de contrabando y venta de alimentos vencidos que – según dijo en su programa radial n°135 – opera en varios establecimientos comerciales de Valera. Márquez informó que las autoridades han intervenido diversas empresas tras recibir cerca de 18 denuncias por irregularidades que incluyen evasión de impuestos, condicionamiento de ventas a divisas en efectivo, y comercialización de productos sin permisología.
El mandatario regional detalló el modus operandi de estas empresas, señalando que “quieren condicionar la venta, no tengo punto de venta, es una evasión de impuestos, pero además te vendo sólo en divisas, no te vendo en bolívares porque ahora el Banco Central, no sé qué, te vendo en divisas, pero además sólo en efectivo”.
Tras la intervención de los organismos de protección al usuario, el gobernador reveló que los dueños de las empresas “desaparecieron”, dejando a los trabajadores al frente. “Los dueños de la empresa se perdieron y colocaron al frente a los trabajadores, no aparecieron, la empresa la cerraron”, afirmó.
Una de las revelaciones más preocupantes dada por el mandatario, es la manipulación de las fechas de vencimiento de los productos. Márquez denunció que estas empresas utilizan un “líquido que a todos los alimentos vencidos le quitan la tinta y le borran la fecha de vencimiento y venden alimentos vencidos a la gente, inclusive leche de larga duración”. Enfatizó la gravedad de la situación al mencionar: “imagínense ustedes niños nuestros tomando leche vencida por culpa de unos irresponsables”.
Adicionalmente, se constató que algunos productos como golosinas eran adulterados cortando la parte donde se encuentra la fecha de vencimiento. También se encontraron grandes cantidades de alimentos para mascotas y animales con más de un año de vencidos, así como productos para consumo masivo de pollos y gallinas en las mismas condiciones.
El gobernador subrayó la ilegalidad del origen de muchos productos, ya que las empresas no presentan la Declaración Única de Aduanas (DUA) que verifique la procedencia de los alimentos, lo que configura un delito de contrabando. “Todo eso está a orden del Ministerio Público”, aseveró Márquez.
El mandatario también condenó las acciones de los dueños que, al cerrar los negocios, sacaron deliberadamente productos perecederos, como más de 1.300 cajas de huevos, de las cavas de refrigeración para que se dañaran, intentando culpar a las instituciones del Estado.
“Culpa de la dictadura van a decir estos señores que yo pudiera decir que tienen condición de malandros, porque nadie actúa de ese modo que no sea un malandro, un malandro del comercio que quiere dañar los beneficios y la protección de nuestros usuarios que son el pueblo llano del estado Trujillo (…) No somos arbitrarios, estamos aquí para hacer cumplir la ley y voy a hacer cumplir la ley, cuésteme lo que me cueste, aquí no hay privilegiados”, expresó.
Las autoridades han actuado en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros organismos del Estado, ingresando a los locales con órdenes de allanamiento. El gobernador adelantó que, si bien los responsables han difundido “mentiras” en redes sociales, en las próximas horas su gobierno expondrá “nuestras verdades para que el pueblo sepa que estamos atacando una mafia de contrabando y de cuántas otras cosas más en esos locales comerciales”. Aseguró que se protegerán los derechos de los trabajadores afectados por el cierre de estas empresas.
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