Han transcurrido siete años de aquel 19 de agosto de 2015, cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, petición que había iniciado el entonces gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, bajo el argumento de que se acabaría el contrabando y la acción de los grupos paramilitares.
Un cierre que llevó a la expulsión de ciudadanos colombianos y colombo- venezolanos de invasiones ubicadas en San Antonio, municipio Bolívar del estado Táchira. Lugares que habían sido propiciados por el mismo gobierno venezolano, y visitados por Vielma Mora en medio de su campaña electoral.
Hablar del cierre de frontera es recordar a cientos de ciudadanos cruzando por el río Táchira cargando neveras, televisores, cocinas, ventiladores, perritos y gallinas, lo que pudieran rescatar de las fuerzas de seguridad venezolanas que llegaron sin mediar palabras a sacarlos de las viviendas, llevándose a algunas personas detenidas para su deportación, separando a niños de sus padres, y marcando con una D las casas o ranchos que serían derrumbados.
Este caso llegó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), y ha sido denunciado por Fundación Deredez y el presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, en la Corte Penal Internacional (CPI), sin que exista aún respuesta.
Desde aquel momento, se han abierto pasos humanitarios peatonales. Inicialmente para venezolanos que se realizan tratamientos en Colombia, y posteriormente para el resto de la ciudadanía, pero con restricciones en cuanto a la documentación. Esto ha generado que durante siete años las trochas se hayan convertido en un paso libre, con cobros y normas propias de los grupos que las gobiernan.
Por esa frontera cerrada, han salido desde el año 2016 un aproximado de 7 millones de venezolanos que huyen de su país por razones humanitarias, inicialmente ante la escasez de alimentos y medicinas, otros por razones políticas, y ahora, porque la nación sudamericana sigue sin ofrecer una estabilidad económica y social que evite que sus habitantes continúen en salida. De hecho, Naciones Unidas estima que para diciembre de 2022 habrán salido de Venezuela 8.5 millones de ciudadanos.
De esa cifra, según Migración Colombia hay más de 2 millones en su país, y los puentes internacionales son un reflejo de ello. Sobre el Puente Internacional Simón Bolívar se observan a los carretilleros o mulas humanas, que llevan maletas de los viajeros o compradores hacia San Antonio del Táchira. La mayoría proviene del centro del país. Han migrado buscando enviar dinero a sus familiares, o buscando mejores condiciones para sus hijos. No todos lo han logrado, viven del día a día.
Por esas trochas ocurren cientos de delitos en contra de los migrantes venezolanos, uno de ellos el tráfico de niños, niñas y adolescentes a manos de otros menores de edad para ser vendidos a las redes de trata, conocidos como “Arrastradores”. Una Investigación reciente realizada en alianza entre Diario de Los Andes y Connectas demuestra cómo ahora las redes de trata usan a menores migrantes venezolanos para llevarles bajo engaño a otros, y los espacios ilegales se han convertido en el lugar ideal para su paso.
Ver: Niños Arrastradores: el anzuelo de las redes de trata https://diariodelosandes.com/arrastradores-ninos-complices-de-trata/
En el sector conocido como La Parada, en Villa del Rosario, es evidente la presencia de venezolanos ejerciendo el comercio informal. Decenas de ellos se ubican en la vía para correr al lado de los vehículos que van llegando, con el fin de lograr llevar maletas o bolsas para ganarse algunos pesos. Esta práctica es incómoda para algunos conductores y los mismos venezolanos que van de regreso, quienes ven con temor a aquellos hombres que visten con short, franela o franelilla y chancletas.
El cierre de frontera ha generado más tristeza y debacle económico que otra cosa. El mismo ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, manifestó en la reunión del Acuerdo de la Frontera realizada el pasado 18 de agosto en la ciudad de Cúcuta que “llevamos siete años desafortunadamente destruyendo, y estamos empezando a construir”. La última parte de la frase, con la esperanza de que se logre una reapertura pronta de frontera después de que se retomen las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
A paso moderado
Transcurridos siete años del cierre de frontera, empresarios de Venezuela y Colombia sueñan con su reapertura, para que vuelva el libre comercio sin dejar de lado el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos de ambas naciones; pero al parecer, la decisión no será un mero capricho del recién instalado presidente de Colombia, Gustavo Petro, ni del jefe de Estado en Venezuela, Nicolás Maduro. En esta oportunidad, están cuidando las formas y los pasos a seguir.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, dio la esperanza de que la apertura será muy pronto, aunque no dio fecha; y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, manifestó que esperan reunirse con las autoridades venezolanas para coordinar las inspecciones de los puentes internacionales, pues ya Invias cuenta con el dinero para acondicionarlos para un intercambio vehicular.
El presidente de Fedecámaras en Venezuela, Carlos Fernández, manifestó estar de acuerdo con el ministro Umaña en que la apertura de frontera debe ser pronto, pero bien hecha. “Que debe nacer con pies firmes, que debe ir progresando poco a poco, tomando en cuenta la consideración de los cambios que ha habido en estos siete años de cierre de nuestros perfiles económicos y de nuestros consumidores. Los productos nunca han dejado de estar en los países, sino que han entrado por caminos ilegales, con informalidad y con todos esos temas, y lo que queremos es precisamente brindar una institucionalidad”.
Destacó que el ejercicio de la libertad en todos los ámbitos y el ejercicio del libre comercio, implica institucionalidad, normas, respeto y que ambas partes salgas satisfechas para el bien de sus habitantes.
Fernández enumeró entre los aspectos a discutir para la apertura, los medios de pago, mecanismos de compensación entre los bancos centrales, los temas sanitarios, fitosanitarios, metrología, permisología para los productos, etiquetado, el ingreso de los vehículos en los países, el perfeccionamiento de materias primas, el tránsito de mercancías que se producen en un país y van a la exportación de terceros países, el turismo pleno, la reapertura de vuelos comerciales, la conexión eléctrica y el gaseoducto binacional.
“Al Embajador de Colombia en Venezuela le hemos ofrecido todo el concurso de Fedecámaras, todo el concurso del sector privado venezolano, porque estamos plenamente convencidos que los proyectos de envergadura para atender a más de 70 millones de habitantes se podrán hacer cuando tengamos una institucionalidad más firme”, manifestó, al tiempo que solicitó que las desavenencias políticas no sigan afectando el desarrollo comercial, ni obstaculice el intercambio humano en la frontera.
En este sentido, la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, indicó que cuando se abandona un mercado durante siete años es muy complejo retomarlo, pero considera que tiene que comenzar por la gente identificada en respeto y derechos. Para ella, el restablecimiento de relaciones consulares debe ser pronto, ya que “hay demasiadas personas a las que se les están violando sus derechos”, dijo.
“Tenemos profundas debilidades en a Venezuela y en este restablecimiento esas debilidades pesan… Esa relación hay que comenzarla desde cero, creo que debemos verlo con prudencia. Las relaciones comerciales actuales son informales, espero que sean formales porque son las que van a dar igualdad de condiciones para que ambos países se beneficien”, acotó Polesel.
Intercambio vehicular
Para el presidente del Comité Intergremial del Norte de Santander, Carlos Luna, no se logrará una legalidad en frontera y el beneficio para sus habitantes, sino se avanza en recuperar la tradición histórica de que colombianos y venezolanos crucen en vehículos. A su juicio, si esto no se logra, “van a seguir fluyendo por las trochas mercancías de contrabando. Mientras no logremos recuperar el intercambio por los puentes, por las aduanas, eso va a seguir sucediendo”, acotó.
Al respecto, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, expresó que es necesario revisar también la situación de los vehículos y la falta de espacio para estacionar los carros venezolanos. “Una de las propuestas de la ciudad de Cúcuta es de ubicar unos parqueaderos o de lado colombiano, o de lado venezolano, que ya los tenemos ubicados en una zona de recuperación en La Parada, para que en conexión con transporte público especializado podamos traer a Cúcuta y zonas de comercio a los turistas venezolanos. Los vehículos por ahora no tendrían opción de llegar a Cúcuta, porque no tenemos parqueaderos suficientes, nuestras vías están colapsadas”, explicó.
Venezuela y Colombia han pasado siete años con sus fronteras cerradas, con problemas políticos y una crisis humanitaria identificada a nivel mundial. Parece que el proceso de recuperación de la “normalidad” llevará más tiempo que la firma de un acuerdo, o el anuncio de que se reabrirán embajadas y consulados, implica adaptarse a los nuevos tiempos, intereses y realidades.
