Por: @AlexGonzalezDigital CNP 25.770
El abogado constitucionalista Francisco Conte, afirma que el Proyecto de Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y otras Expresiones Similares que evalúa la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, es una propuesta normativa que le da un giro al sistema sancionatorio vigente. “Nunca antes una ley se había parecido tanto a lo que pretende combatir”, dijo.
Conte disertó sobre este tema en un conversatorio denominado “Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares: clara manifestación del derecho penal del enemigo o derecho penal del autor”, organizado por el Centro de Animación Juvenil, Iutembi y el Ateneo de Valera, donde expresó:
“No estamos en presencia de una ley represiva más: se trata de un cambio en el sistema penal venezolano al quedar amplios sectores de la población en situación general de sospecha y, por tanto, sujetos a juicio penal. Este estado de sospecha general pretende dar un nuevo perfil al enemigo interno, aunque las víctimas sean las mismas de siempre; es decir: todos los que sean o se perciban como opositores”.
El jurista explicó que el principio de individualización de la culpa quedaría derogado, sujetándose a la “arbitrariedad” de la persona que impute la determinación de quienes van o no ser perseguidos, por ideas que ni siquiera se corresponden con las ideas unánimemente aceptadas de lo que realmente es el fascismo.
“Esta ley tergiversa la definición de fascismo con el fin de arreciar la persecución por razones ideológicas y los ataques a la libertad de expresión en Venezuela (…) Cualquier expresión del pensamiento puede resultar objeto de persecución. Esta ley puede ser peligrosa y regresiva, ya que – como está planteada – busca perseguir las ideas de las personas y censurar creencias, aunque sean legítimas, por lo que puede dar pie a la arbitrariedad”.
A criterio del constitucionalista, esta propuesta legislativa pretende “aumentar el miedo en la sociedad”, con el propósito de que haya menos voces disidentes y pueda mantenerse un mayor control sobre las mismas.
“La Ley Contra el Odio, la Tolerancia y la Convivencia Pacífica de 2017, el Proyecto de Ley Contra el ‘Fascismo’ del 2024 y ahora rumbo a la cadena perpetua – posiblemente tema de 2025 (si el Psuv retiene el poder en julio de 2024): propina la arquitectura autoritaria del Gobierno”.
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