Lo que para muchos representó un grito de alegría a las afueras de El Helicoide, para los expertos legales representa un terreno que debe pisarse con extrema precisión técnica. Tras el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre una ley de amnistía general, la ONG Foro Penal fijó una postura clara.
A través de un análisis difundido en sus canales oficiales, la organización liderada por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob cuestionó la naturaleza de la promesa gubernamental. La clave reside en una máxima jurídica que la institución subrayó como: «el indulto es perdón, mientras la amnistía es olvido».
Foro Penal aclaró que, mientras el indulto es una facultad presidencial que solo perdona la pena de alguien ya condenado, la amnistía es una potestad de la Asamblea Nacional (AN) que extingue la responsabilidad penal incluso de procesos en curso.
Para la ONG, la amnistía es, en esencia, «una renuncia a la potestad del Estado para perseguir y sancionar determinados hechos, generalmente con la finalidad de lograr la paz social». En ese sentido, subraya que la amnistía no solo puede alcanzar condenas firmes, sino también procesos en curso, investigaciones abiertas e incluso causas sin sentencia definitiva.
Líneas rojas de la sociedad civil
Pese a recibir la noticia «con optimismo, pero con cautela», la organización fue enfática en establecer condiciones innegociables para que este proceso sea legítimo. No se trata solo de abrir celdas, sino de desmantelar estructuras.
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Según el comunicado, la amnistía debe cumplir con la participación ciudadana, es decir, incluir a la sociedad civil y, prioritariamente, a las víctimas de persecución en su redacción y seguimiento. Además, bajo el amparo del artículo 29 constitucional, se exige que la medida no beneficie a responsables de violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Por último, el instrumento debe servir para frenar definitivamente el aparato represivo.
El Foro Penal instó a los operadores de justicia a aplicar el principio de favorabilidad, asegurando que cualquier vacío legal se resuelva siempre en beneficio del perseguido. La meta, según la organización, es que esta herramienta jurídica contribuya verdaderamente a la reconciliación nacional sin sacrificar la verdad.
Las organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han exigido la publicación de listas completas de beneficiarios y que la medidas abarque a personas detenidas desde 2014, cuando se intensificó la represión.
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