Miami (EE.UU.), 12 ago (EFE).- El estado de Florida devolvió esta semana al condado de Miami-Dade el terreno donde instaló el polémico ‘Alligator Alcatraz’, el centro de detención migratoria que se convirtió en emblema de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, quien lo inauguró en julio de 2025.
El centro enfrentó demandas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por el «maltrato» a migrantes y el impacto ambiental de la instalación, ubicada en un antiguo aeródromo aledaño al ecosistema del Parque Nacional de los Everglades, una reserva protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1979.
Una inspección de ambas administraciones detectó daños en la pista de aterrizaje y en el entorno causados por la construcción y el funcionamiento del centro, informó la Alcaldía del condado Miami-Dade en un comunicado.
El condado señaló que espera que la administración estatal del gobernador, el republicano Ron DeSantis, repare los daños en el terreno.
«Desde el principio he sido clara en que este centro de detención nunca debió construirse, y ahora tenemos la oportunidad de dar forma a un futuro mejor para estas tierras», declaró la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, en un video en X.
Las autoridades locales estudian vender o ceder las casi 10.000 hectáreas al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos o a otras entidades que trabajan en la recuperación del humedal, para protegerlas de forma permanente.
Florida clausuró el centro a finales de junio, un año después de su inauguración, a la que acudió el presidente Trump.
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El gobernador, Ron DeSantis, sostuvo en junio que el centro «cumplió su misión» al permitir casi 30.000 deportaciones adicionales ya que su estado concentra más del 40 % de las detenciones migratorias del país.
La administración del estado tomó el aeropuerto, propiedad del condado, en junio de 2025 haciendo uso de poderes de emergencia, después de que las autoridades locales rechazaran una oferta de compra por 20 millones de dólares.
El funcionamiento del centro tuvo un costo estimado en más de un millón de dólares diarios.
Organizaciones de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes denunciaron esposamiento rutinario, agresiones de los guardias, aislamiento prolongado, baños desbordados e infestaciones de insectos. Amnistía Internacional describió esas prácticas como «tortura».
Las dificultades para que los detenidos hablaran con sus abogados llevaron además a un tribunal federal a ordenar que se garantizaran las comunicaciones confidenciales.
Grupos ecologistas y la tribu Miccosukee, que habita la zona, impugnaron la construcción ante la justicia federal por haberse levantado en un ecosistema protegido y sin revisión ambiental.
En 1970, allí quedó a medio construir el que iba a ser el mayor aeropuerto del mundo, un proyecto que frenó la oposición de científicos y ecologistas.
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