Caracas, 14 feb (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó este miércoles que, en la detención de la activista Rocío San Miguel, aprehendida el pasado viernes, se haya configurado una «desaparición forzada», tal como lo han denunciado sus abogados, ONG locales y organismos internacionales que defienden los derechos humanos.
«El día lunes 12 de febrero, dentro de los lapsos legales correspondientes (…) se realizó la audiencia de presentación (…) previo a una orden de aprehensión con una detención. Imposible entonces, señores mitómanos, (que) digan que haya existido en este caso la cualidad brutal (…), que condenamos y que no aceptamos, de desaparición forzada», dijo el fiscal en una conferencia de prensa.
Saab aseguró que las autoridades informaron, en «los lapsos legales correspondientes», sobre la detención y la presentación ante los tribunales de San Miguel, por lo que -consideró que «decir que es una desaparición forzada, aparte de mentir, es una ofensa y se convierte en un delito» con el que se pretende «enlodar» a las instituciones.
El fiscal explicó que se procedió a la detención porque la activista «aparece textualmente mencionada» en una orden de operaciones de la trama conspirativa denominada ‘brazalete banco’, con la que, según el Gobierno, se pretendía atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
«Ella tenía una misión como parte de esa trama ‘brazalete blanco’, incluso delatada ya por los militares detenidos. (…) Su misión en la operación era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando», aseveró Saab.
Aseguró, además, que la detención de los cinco allegados de la activista -cuatro de ellos ya liberados, con medidas cautelares, y uno con privación de libertad «preventiva»- se debió a que se encargaron de «ocultar y encubrir medios probatorios pertenecientes a dicha ciudadana», que luego fueron recuperados por las autoridades.
Saab indicó que, hasta este momento, hay 19 personas detenidas y 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar en esta trama de conspiración.
San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pero su arresto fue confirmado por el fiscal el domingo, día hasta el cual no se conoció su paradero, por lo que su defensa calificó su estado como «desaparición forzosa», que el fiscal rechaza.
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