Por: Santiago Moreno / El Diario
El gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente este jueves 24 de septiembre a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga “extremo” y que representa un “peligro para el público”, según documentos judiciales presentados en las últimas horas.
En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.
La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.
Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.
La defensa pidió arresto domiciliario
La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de septiembre que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.
Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.
El juez Alvin K. Hellerstein fijó para el 8 de octubre una audiencia para evaluar la solicitud de libertad bajo fianza. La oposición presentada por la Fiscalía forma parte de ese proceso y no constituye una decisión del tribunal sobre la petición de Flores.
El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. En julio, el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, calificó de “realista” el calendario acordado para el proceso y señaló que las partes informarían al juez si surgían problemas que pudieran afectar la fecha de inicio.
Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.
De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
El juez reguló el manejo de las pruebas
El juez Hellerstein emitió el martes 22 de septiembre una orden de protección que regula la gestión de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa. El documento establece distintas categorías de riesgo y restricciones para el manejo de los materiales.
Hellerstein señaló que la Fiscalía debe entregar el “material exculpatorio y de impugnación”, pero reconoció que parte de esa información puede afectar la privacidad de personas, perjudicar investigaciones sobre individuos que todavía no han sido acusados o generar publicidad que perjudique el caso.
La orden establece que las pruebas generales entregadas por la Fiscalía no pueden ser divulgadas por los acusados o sus abogados, incluida su publicación en internet o su filtración a los medios.
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