La Haya, 27 feb (EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó este viernes a los jueces que envíen a juicio al expresidente filipino Rodrigo Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad en Filipinas por los “asesinatos” durante su “guerra contra las drogas”.
En su alegato final en la audiencia de confirmación de cargos, el abogado de la Fiscalía, Julian Nichols, defendió que existen “fundamentos sustanciales” para continuar el juicio contra Duterte, arrestado en Manila y trasladado a La Haya el pasado marzo por una orden de la CPI.
Señaló que Duterte reconoció en varias ocasiones la existencia de un “escuadrón de la muerte”, y en discursos públicos se mostró dispuesto a asumir las consecuencias por las muertes durante su mandato: “Debe responder. Las víctimas lo exigen. La justicia lo exige”, urgió Nichols.
Además, sostuvo que Duterte trasladó a colaboradores desde Davao (donde antes fue alcalde) a Manila y los nombró altos cargos, incluidos responsables de la Policía y la Justicia, como parte de una estructura que, según la acusación, permitió la comisión de asesinatos.
«La cuestión en esta fase no es probar los hechos más allá de toda duda razonable, sino determinar si existen fundamentos sustanciales, y los hay», afirmó Nichols.
Las referencias que hizo Duterte al respeto del derecho en sus discursos formaban parte de una «fachada de legalidad» y «para darle a sus abogados algo que decir cuando llegara este día», agregó.
La población afectada por esos presuntos crímenes incluía a presuntos delincuentes, como supuestos traficantes, consumidores de drogas y personas señaladas por delitos menores.
Nichols también abordó el uso del término “neutralizar” en declaraciones públicas y documentos oficiales: la defensa sostiene que la palabra no implica necesariamente matar, pero la Fiscalía defendió que, en el contexto operativo, significaba ejecutar a la persona y tiene testigos que lo confirmarán.
Duterte, que retiró a Filipinas del Estatuto de Roma (tratado de la CPI) en 2019 tras iniciarse la búsqueda de pesquisas de los presuntos crímenes durante su mandato, niega haber ordenado ejecuciones extrajudiciales y sostiene que su política antidrogas se desarrolló en la legalidad.
La tarde de este viernes pronunciará su alegato final la Defensa, antes de que culmine la audiencia, que comenzó el lunes.
La Sala de Cuestiones Preliminares deberá decidir en los próximos 60 días si confirma los cargos y abre formalmente el juicio contra el exmandatario filipino.
Duterte, de 80 años, renunció a su derecho a estar presente en estas sesiones, alegando deterioro de salud, aunque un panel médico independiente concluyó que está en condiciones de participar y la acusación insistió en que su ausencia responde solo a una decisión personal.
La Fiscalía acusa a Duterte de tres cargos de asesinato y tentativa de asesinato, basados en 49 incidentes con 76 víctimas mortales, considerados representativos de una campaña más amplia que afectó a los sectores más pobres de la población y dejó miles de muertos entre 2011 y 2019.
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