El juicio contra Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico y tráfico de armas comenzará el 1 de junio de 2027 en Nueva York. La fecha quedó fijada este miércoles durante una audiencia preparatoria, tras una solicitud conjunta presentada ante el tribunal por la fiscalía federal y la defensa del dirigente ofiacialista.
Maduro, de 63 años de edad, permanece recluido en una prisión de Brooklyn tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero. La justicia norteamericana le imputa cuatro delitos federales:
- Conspiración para cometer narcoterrorismo.
- Conspiración para la importación de cocaína.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
- Conspiración para la posesión de dicho armamento.
En la causa también está procesada su esposa, Cilia Flores, de 69 años de edad, quien enfrenta tres cargos penales. Ambos acusados han rechazado tajantemente las imputaciones. Durante su comparecencia inicial en la corte neoyorquina, el propio Maduro se declaró como un «prisionero de guerra», reseñó Afp.
Acuerdo sobre el calendario y financiamiento de la defensa
El establecimiento del cronograma judicial se concretó luego de que el fiscal federal Jay Clayton remitiera una misiva al juez a cargo del caso, Alvin Hellerstein, confirmando que ambas partes coincidían en fijar el inicio del debate oral para mediados de 2027.
El avance del proceso judicial se destrabó recientemente, cuando la administración de Donald Trump autorizó el uso de fondos venezolanos para saldar los honorarios de la defensa legal de la pareja.
Anteriormente, las sanciones financieras impuestas a Venezuela impedían tales transferencias, lo que llevó a los abogados de Maduro a solicitar la desestimación del caso argumentando una violación al derecho constitucional a la libre elección de defensa.
Demandas civiles y la nueva realidad política en Caracas
Paralelamente a la causa penal en Estados Unidos, la situación jurídica de Maduro empeoró a comienzos de julio, cuando familiares de cinco jóvenes asesinados en Venezuela interpusieron una demanda civil en su contra. Las víctimas lo acusan de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales dentro de una política de represión estatal durante su mandato (2013-2026).
Entretanto, la dinámica política en Venezuela dio un giro tras la salida de Maduro. Su exvicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió la jefatura del Estado con carácter interino en un entorno marcado por la abierta tutela y presión política ejercida por la Casa Blanca sobre la administración del país.
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