A los familiares de un grupo de presos sociales, recluidos en el Centro Penitenciario Yare III, estado Miranda, les niegan el derecho a la visita desde hace al menos dos meses, así como el ingreso de paquetería o una llamada a sus seres queridos.
De acuerdo con las denuncias recopiladas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) al menos 300 privados de libertad que fueron trasladados desde distintos penales a Yare III, entre julio y diciembre de 2024, se encuentran en aislamiento. Los parientes no han podido constatar su estado de salud físico y algunos recibieron una sola llamada, que fue breve y solo para pedir un uniforme.
Los custodios de Yare III les informan que tendrán noticias cuando los presos los llamen pero hasta el momento siguen a la espera.
“La única vez que nos pudimos comunicar con él fue cuando nos llamó y nos pidió que le lleváramos un pantalón y franela azul, y artículos de uso personal. Oía que con él estaba una mujer que le decía cosas. No me pudo decir más nada. Cuando llevé las cosas al penal no me permitieron verlo”, cuenta un familiar al OVP, quien pide que se resguarde su identidad ante el temor de que su ser querido reciba castigos en venganza por hacer pública la información.
Otro pequeño grupo sí pudo visitar a sus parientes en el mes de diciembre, no saben cómo fue la modalidad de selección para recibir esas visitas, pero fue por corto tiempo. “No podemos contar nada de lo que aquí pasa”, fueron las palabras de varios reclusos, “a ellos después de final de año no les han recibido más paquetería”, expresó el familiar .
Según los parientes, los traslados se ejecutaron durante la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, que llevó a cabo el régimen en los centros penitenciarios de Venezuela. Hasta Yare III llevaron a presos sociales desde el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en San Juan de los Morros (Guárico); de la Comunidad Penitenciaria Fénix (Lara), del Centro Penitenciario David Viloria, en Uribana (Lara); la Comunidad Penitenciaria de Coro (Falcón), del Internado Judicial El Rodeo (Miranda) y Centro Penitenciario Región Centro Oriental, en El Dorado (Bolívar) .
“No nos han dejado pasar comida, cuando llegamos hasta el penal nos dicen que ellos están recibiendo comida. Algunas personas, que tienen más tiempo, dicen que les dejan pasar una taza de comida que es lo que se comen cuando van a la visita. Los han visto delgados, peludos y huelen mal”, cuenta un familiar, quien agrega que estos presos sociales dormían en el piso. “A finales de diciembre nos pidieron colchones”.
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Por otra parte se pudo conocer que un gran número de estos privados de libertad están padeciendo de tuberculosis y no están recibiendo el tratamiento adecuado, por lo que los familiares temen que otros detenidos se puedan contagiar, aunque también tienen conocimiento que no son sacados de sus celdas, ni siquiera para llevar sol por unos minutos.
Traslados irregulares y torturas
Según las denuncias recibidas en el OVP, presuntamente un grupo de detenidos que fue trasladado a finales de diciembre de 2024 al Fuerte Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda, fue sometido a tratos crueles e inhumanos. En julio pasado, a otro grupo de presos sociales también lo llevaron a este penal y los familiares aseguran que, presuntamente, los sometieron a torturas durante cuatro meses.
Entre tantas denuncias con los traslados que recibió el OVP, pudimos conocer que los 21 presos provenientes de Falcón y Miranda, que fueron reportados como desaparecidos en julio de 2024, se encuentran en Yare III desde el mes de octubre.
“Hemos ido a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio para el Servicio Penitenciario a denunciar esta situación que estamos viviendo y nos piden que dejemos un papel con los nombres de ellos, pero no sirve de nada porque cada vez que denunciamos les dan una golpiza. Además, el ministro Julio García Zerpa borra nuestros comentarios desesperados de sus publicaciones en Instagram”, detallan los afectados.
Los familiares de los presos sociales en el penal de Yare III exigen a las autoridades del sistema penitenciario que les permitan constatar su estado de salud y que les dejen visitar a los presos. “Ya tenemos demasiado tiempo sin verlos y sin saber nada de ellos. Necesitamos saber que están vivos y están bien”.
En otro orden de ideas, las Reglas Mandela establecen en su regla 43 la prohibición del aislamiento indefinido (sin fecha de finalización) y prolongado (más de 15 días consecutivos). Asimismo, prohíben que las sanciones disciplinarias equivalgan a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por su parte, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en su principio XXII, determinan que las medidas de aislamiento deben ser prohibidas por ley. Además, señalan que el uso prolongado, inadecuado o innecesario del aislamiento constituye actos de tortura o tratos crueles e inhumanos.
El Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas advierte que “cuanto más prolongada sea la duración del régimen de aislamiento o mayor la incertidumbre sobre su término, mayor es el riesgo de causar un daño grave o irreparable al recluso, lo que podría constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
La Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) también resalta los graves efectos del aislamiento en la salud física y mental de las personas. Entre las consecuencias documentadas se encuentran problemas psicológicos, ansiedad, depresión, ira, paranoia y autolesiones. Estos efectos pueden volverse irreversibles cuando el aislamiento se prolonga más allá de los 15 días.
Desde el OVP denunciamos que el régimen de Maduro utiliza sistemáticamente el aislamiento como forma de castigo, violando derechos fundamentales de los presos. Al analizar estas normativas e informes internacionales, constatamos cómo se violan flagrantemente las disposiciones que prohíben estas prácticas. Es evidente que el régimen somete a los detenidos a tratos crueles e inhumanos, ignorando las devastadoras consecuencias en su salud física y mental.
Actualmente, los familiares de los presos sociales y políticos sometidos a aislamiento prolongado desconocen el estado de salud de sus seres queridos. Ni siquiera se les ha proporcionado una fe de vida que confirme sus condiciones. Por ello, exigimos el cese inmediato de estas prácticas de castigo y la liberación sin restricciones de todos los presos políticos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Foto: Archivo
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