Caracas, 11 feb (EFE).- Familiares de los considerados «presos políticos» en Venezuela pidieron este martes a la Defensoría del Pueblo tener acceso a sus parientes, a quienes -denunciaron- no les permiten recibir visitas.
Andreína De Grazia, hija del opositor Américo de Grazia, detenido el 7 de agosto de 2024, denunció, en declaraciones a periodistas, que no ha tenido contacto con su padre desde entonces, por lo que desconoce su estado de salud.
«Estamos exigiendo que, por favor, nos permitan, por lo menos, su visita para verificar (su salud) y tener contacto directo con él», manifestó De Grazia, cuyo padre está acusado de los presuntos delitos de «instigación al odio e incitación a la rebelión».
En «la misma condición» se encuentran los opositores Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Roland Carreño, Alfredo Díaz y «muchos más», añadió la hija del opositor detenido.
«Estamos aquí alzando la voz para que se haga justicia y la libertad inmediata, porque ellos son inocentes», agregó De Grazia, quien entregó, junto a los parientes de otros detenidos, un documento en la sede de la Defensoría en Caracas.
A su lado, Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, aseguró que el opositor permanece detenido desde hace 138 días y que se le ha «negado todo derecho fundamental que debería tener cualquier persona».
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Por su parte, Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel -quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido-, denunció un «patrón de aislamiento e incomunicación» al que son «sometidos» los «presos políticos».
Baduel manifestó que desde hace 16 días no tiene «ningún tipo de información» sobre su hermano Josnars Adolfo Baduel, recluido en la cárcel Rodeo I en el estado Miranda (norte), lugar que ella califica como «un centro de torturas».
«Exijo el cese de los tratos crueles a los presos políticos y a sus familias», expresó Baduel.
A su turno, Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, detenido el 30 de julio del año pasado, pidió que se garanticen los derechos fundamentales de los «presos políticos».
«No sé si es que mi esposo está siendo torturado físicamente y por eso es no me dejan verlo», dijo Silva, quien reiteró que Superlano «no ha cometido ningún delito», como tampoco «todos los que se encuentran en el Helicoide», la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en la capital venezolana.
Tras las presidenciales del 28 de julio del año pasado, se desató una crisis en el país a raíz de la proclamación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por rectores afines al chavismo- de Nicolás Maduro como ganador, lo que fue denunciado como «fraude» por la mayor coalición opositora, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.
La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los considerados «presos políticos», cifra en 1.196 los arrestados por motivos de conciencia, la mayoría detenidos en el periodo poselectoral.
Sin embargo, la Administración de Maduro y la Fiscalía niegan que haya personas arrestadas por motivos políticos, sino detenidos por cometer diversos delitos, lo que rechazan varias ONG y partidos opositores.
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