Exigen investigación administrativa y penal contra Cemento Andino por presuntas irregularidades en casos laborales

Un grupo de obreros cesados de la empresa Cemento Andino emitió este lunes 24 de agosto de 2026 una declaración pública dirigida a las autoridades regionales y a los órganos del sistema judicial para exponer su situación laboral tras dos años de desvinculación de la compañía.

Los voceros señalaron que su egreso de la nómina se produjo sin la tramitación de procedimientos administrativos ante la Inspectoría del Trabajo y sin autorización oficial previa. Declararon que durante la gestión de la abogada María Cañón al frente de dicha coordinación estatal no se dio apertura a las solicitudes de amparo, lo que originó el vencimiento del plazo de 30 días fijado en la ley laboral para tramitar las reincorporaciones. Asimismo, indicaron que Cañón ejerce en el presente como apoderada legal de la mencionada empresa cementera.

El pronunciamiento incluyó señalamientos hacia la representación sindical encabezada por Elena Sequeira y miembros del Consejo Productivo de Trabajadores (CPTT), a quienes atribuyen actuaciones testimoniales a favor de la entidad patronal en instancias administrativas y judiciales. Los declarantes también solicitaron la revisión de actuaciones judiciales a cargo del tribunal de la jueza Marjorie Briceño, al afirmar la existencia de vínculos de parentesco con la anterior representante de la empresa, María Briceño, tomando como antecedente la causa del trabajador Giancarlo Flores.

Acciones y solicitudes formuladas

Gestión parlamentaria y diplomática: Designación de una comisión de cinco trabajadores para la consignación de un informe ante diputados y representaciones acreditadas.
Derecho de palabra regional: Petición formal ante el Consejo Legislativo del estado Trujillo con el propósito de notificar los antecedentes del caso al ejecutivo estadal.
Investigación administrativa judicial: Solicitud a la coordinación de tribunales laborales y al juez superior Rubén Rondón para la evaluación disciplinaria de las decisiones emitidas y la revisión de las causas de reenganche.
Apertura de procedimiento penal: Requerimiento ante el Ministerio Público para el inicio de investigaciones a partir de documentos consignados previamente en Caracas.