EFE.- La Audiencia Nacional de España rehusó investigar una querella contra varios altos cargos de Venezuela por mantener preso al español Yon Goicoechea, miembro de Voluntad Popular (VP), por ser extranjeros los denunciantes y no encontrarse ninguno en territorio español.
En un auto notificado hoy, la sala penal del tribunal se declaró incompetente para esta investigación, aunque cabe recurso ante la sección de apelaciones de la misma instancia judicial.
Los magistrados ratificaron así la decisión que tomó en junio pasado la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que rechazó admitir a trámite la querella interpuesta por Rosaura Giorgina Valentini, esposa de Goicoechea, al no considerarse competente tras la reforma de 2014 de la ley española de justicia universal.
La Fiscalía española recurrió la resolución de Lamela y reclamó la admisión a trámite de la querella al entender que la nacionalidad de la víctima y los supuestos delitos denunciados -detención ilegal, torturas y atentado contra la integridad moral- justificaban que la Audiencia Nacional actuara.
En un recurso contra la decisión de Lamela, el abogado de la esposa de Goicoechea alegaba que el hecho de que los querellados no estuvieran «en suelo español» no debía afectar a «la perseguibilidad del delito a través de la incoación de la oportuna fase instructora».
A este respecto, el auto conocido hoy sostiene que, en este caso, «no se dan las condiciones exigidas» en la reforma legislativa citada para declarar la jurisdicción de los tribunales españoles, pues solo se cumple el requisito de que la víctima es española, pero no que a quienes se imputa el hecho delictivo se encuentren en territorio español.
La esposa de Goicoechea se querelló en la Audiencia Nacional por los delitos mencionados contra altos cargos del Gobierno y del Poder Judicial de Venezuela, concretamente todos los magistrados de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas.
Goicoechea fue detenido el 29 de agosto de 2016 en el estado Miranda por, supuestamente, estar en posesión de cordones detonantes y trasladado a Caracas, donde fue encarcelado en régimen de incomunicación y aislamiento.
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Pese a que un juez revocó la prisión incondicional, Goicoechea permanece encarcelado dado que otro magistrado de una corte judicial superior ordenó el cierre del juzgado que lo excarceló, lo que paralizó todas las causas y funciones abiertas hasta la fecha.
A su vez, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, permanece en arresto domiciliario en Caracas por una condena de 14 años por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio en relación con los incidentes violentos ocurridos al término de una marcha el 12 de febrero de 2014.
