A 31 días de los comicios presidenciales del 28 de julio, en Venezuela se mantiene el conflicto político entre quienes denuncian un fraude electoral y activan protestas en todo el país y quienes creen en la victoria de Nicolás Maduro e intentan ignorar la presión internacional para que se haga una auditoria transparente de los resultados.
Caracas. Este miércoles, 28 de agosto, se cumplen 31 días de la celebración de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Esta fecha marcó un nuevo capítulo del conflicto venezolano que ahora es protagonizado por quienes respaldan los resultados oficiales de los comicios, que dan como ganador al chavista Nicolás Maduro y quienes, por el contrario, aseguran que hubo un fraude.
Las manifestaciones espontáneas de quienes rechazan los resultados, las detenciones masivas de ciudadanos que participaron en estas movilizaciones, la persecución, la represión y las acusaciones penales contra quienes contrarían a Maduro han sido las más notables situaciones que ha enfrentado la oposición venezolana en su intento por demostrar el fraude electoral.
Entretanto, en el chavismo la bandera de este mes fueron las denuncias de un plan para sabotear las elecciones. Para esto han insistido en la hipótesis de un supuesto hackeo al sistema electoral desde Macedonia del Norte que generó dificultades técnicas e impidió que hasta la fecha no hayan sido publicados los resultados de los comicios.
Aunque el Gobierno de Maduro dio por cerrada la diatriba con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aseguró que la revisión del material electoral confirma la victoria del oficialismo, desde la oposición y la comunidad internacional aumenta la presión para que se haga una auditoría “transparente” de los resultados.
En esta cronología Crónica Uno recoge los momentos claves de esta disputa:
Los resultados:
- Poco después de las 12:05 a. m. el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó sobre el primer boletín de resultados oficiales de la elección presidencial. En esta entrega de resultados parciales dio como ganador al candidato oficialista a la reelección Nicolás Maduro, con el 51,20 % de los votos. Ese dato se basó, supuestamente, en el 80 % de las actas escrutadas.
- Cinco días después de la elección, el 2 de agosto, el Consejo Nacional Electoral ratificó la victoria de Maduro. Entonces dijeron tener 96,87 % de las actas de votación escrutadas. Según este escrutinio, el oficialista obtuvo 6,4 millones de votos o 51,95 %, mientras el opositor Edmundo González consiguió 5,3 millones de votos o el 43,18 %.
El fraude
- La oposición, encabezada por María Corina Machado, reaccionó a los resultados y aseguró que se trató de un fraude electoral, pues tenían en su poder las actas que demostraban la victoria del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia.
- Machado aseguró que la oposición tiene en su poder el 73,20 % de las actas con la totalización de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Con estos comprobantes, la oposición asegura que su candidato presidencial Edmundo González Urrutia ganó las elecciones con 6.275.182 votos.
- Luego el Comando ConVzla confirmó que pudo recabar 83, 5 % de los actas. De acuerdo con esta totalización, González Urrutia amplió su ventaja en más de 30 % de la votación.
- La oposición publicó el portal web en el que colgó las actas electorales que logró recabar. El sitio sirve para que los electores en Venezuela verifiquen los resultados y contrasten con las cifras que divulgó el CNE.
La proclamación de Maduro
A menos de 24 horas de anunciados los resultados y sin la publicación oficial de la totalización, el CNE proclamó oficialmente a Maduro como ganador de los comicios.
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La proclamación se formalizó en un acto protocolar en el que el mandatario en ejercicio denunció que se intentaba “imponer un golpe de Estado” en el país por el sector que no reconocía su victoria.
Esta convocatoria del CNE se dio, pese a que se incumplieron los términos, lapsos y criterios de obligatorio cumplimiento que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y su reglamento.
Lopre Artículo 116: La Junta Nacional Electoral y las Juntas Electorales, éstas últimas bajo la supervisión de la primera, tendrán la obligación de realizar el proceso de totalización en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas. En caso de que las Juntas Electorales no hubiesen totalizado en el lapso previsto en el artículo anterior, la Junta Nacional Electoral podrá realizar la totalización. La totalización deberá incluir los resultados de todas las Actas de Escrutinio de la circunscripción respectiva.
La protesta y la represión
Al mismo tiempo que proclamaban a Maduro, en las calles de Venezuela inició una protesta espontánea en contra de los resultados de los comicios. En Caracas fueron los vecinos de barrios en Petare los que iniciaron la manifestación caminando desde sus zonas, rumbo a Miraflores.
Las protestas se replicaron en ciudades y poblados de todo el país. La respuesta del Estado al descontento popular fue la represión y detenciones masivas de manifestantes.
ONG como Provea, Foro Penal y Espacio Público reportaron detenciones arbitrarias de manifestantes. En todos los casos se constató la falta de garantías para quienes han sido aprehendidos en todo el país.
A la fecha, Foro Penal ha registrado 1,503 detenciones poselectorales en Venezuela. Cuentan entre los detenidos: 129 adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres. El listado incluye también a nueve trabajadores de la prensa.
Además, el informe más reciente de Provea da cuenta de “24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 5 de agosto en eventos y protestas relacionadas con los comicios”. La cuenta incluye la muerte de un militar.
El hackeo
El Ministerio Público puso en marcha una investigación sobre el presunto “ataque terrorista” contra el sistema de totalización del CNE. En la indagación preliminar responsabilizó a Machado y también a los dirigentes en el exilio Lester Toledo y Leopoldo López. Para ninguna de estas acusaciones mostró pruebas.
Aunque sobre el presunto ataque no hay detalles ni evidencias, más allá de que provino de Macedonia del Norte, a 31 días de la elección y pese a la presión internacional y la instrucción del TSJ de hacer públicos los resultados, el Poder Electoral sigue sin publicar las actas de totalización.
No fue sino hasta el 26 de agosto, cuando se reactivó la página web del CNE, pero estuvo en línea pocas horas y sin que aparecieran los resultados del 28 de julio, pues de acuerdo con información del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), el portal fue atacado nuevamente
Los datos ofrecidos en VTV indican que se trató de una “denegación de servicio, cuyo objetivo es saturar los enlaces de telecomunicaciones, para afectar el acceso a la página web”.
El análisis exhaustivo, prosiguió el reporte de la televisora estatal, permitió determinar que los presuntos ataques “provienen de direcciones IP ubicadas en el exterior, lo que indica que se trata de un ataque dirigido desde fuera del país”.
Bajo esa justificación hasta esta publicación no se han divulgados los resultados desglosados de la elección, que permitan confirmar el “triunfo” de Maduro. También se suspendieron las auditorías ciudadanas y técnicas que manda la ley. Entre esas la que ayudaría a corroborar las dimensiones del supuesto hackeo.
Reglamento General de la Lopre. Artículo 383: El Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación para cargos ejecutivos deberá contener:
1. Total de electoras o electores inscritas e inscritos en el Registro
Electoral de la circunscripción respectiva.
2. Total de votantes.
3. Total de Actas escrutadas.
4. Total de Actas faltantes.
5. Total de votos escrutados.
6. Total de votos válidos.
7. Total de votos nulos.
8. Total de votos de las candidatas y candidatos, por organización con fines políticos, grupo de electoras y electores, y por alianza, así como también por iniciativa propia.
El TSJ como árbitro
Maduro introdujo un recurso contencioso ante la Sala Electoral del TSJ pidiéndole “dirimir” la controversia de los resultados electorales. Esta acción se admitió con notoria celeridad. En el inicio del procedimiento citaron a los 10 candidatos que se presentaron a las elecciones presidenciales.
Los resultados de la investigación y la sentencia definitiva fue dada a conocer el 22 de agosto pasado, cuando TSJ convalidó los resultados que emitió el CNE sobre los comicios presidenciales del 28 de julio pasado, que dan como ganador a Maduro.
El fallo, previamente rechazado por la oposición, establece que el material electoral, incluidas las actas originales de los comicios, queda a su “resguardo”. El falló también ratificó que se pudo comprobar “un ataque cibernético masivo al Poder Electoral”.
Además, puntualizó el desacato de Edmundo González Urrutia. Al candidato opositor se le señala porque no atendió la citación del TSJ, por lo que se establecerán “sanciones” que no se especificaron.
Los únicos antecedentes conocidos ocurrieron en países como México, Estados Unidos o Brasil, como recordó al leer el fallo la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez. Sin embargo, en todos esos casos se debió a dudas de los candidatos opositores por el estrecho margen de los resultados.
Represión sofisticada
Durante este mes, el oficialismo declaró e inició el trabajo para crear un grupo de instrumentos legales que permitan al Estado “defender” a la llamada revolución bolivariana. Una estrategia con la que buscan sortear los cuestionamientos a los resultados de las elecciones presidenciales de este año.
Con ese precedente inmediato, se aprobó la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines que estuvo engavetada desde finales de mayo pasado, pero que revivieron en el contexto poselectoral.
Se trata de una norma en la que se establecen prohibiciones formales como aceptar aportes financieros que puedan destinarse a actividades políticas y que prevé la disolución judicial de las organizaciones reguladas dentro del instrumento que violen sus disposiciones.
Además, se creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad, un órgano que, según su decreto de creación, está facultada para el monitoreo de contenidos y redes sociales. En el decreto que oficializa su creación se ordena la activación de “una red de vigilancia durante” las 24 horas que ataje “incidentes telemáticos”.
Fuente: Crónica Uno
