Caracas, 20 abr (EFE).- En Venezuela, solo el 5 % de la población cuenta con algún tipo de seguro privado, fundamentalmente de salud. El resto está a merced de un deficiente sistema sanitario público o de ayudas o campañas de recaudación de fondos para poder pagar los servicios clínicos, muy costosos para la mayoría de los ciudadanos.
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores, María del Carmen Bouffard, dijo a EFE que el venezolano «ha perdido su capacidad adquisitiva por la contracción económica de los últimos años», que redujo el producto interno bruto (PIB) un 80 % entre 2013 y 2021, según estimaciones independientes.
«Eso ha hecho que muchas personas (…) que tenían su póliza de salud dejaran de contratarla y eso, evidentemente, ha afectado al sector asegurador en los últimos años, (que) perdió una gran cantidad de clientes«, aseguró.
Esta «pérdida del poder adquisitivo», prosiguió, ha obligado a los ciudadanos a «cubrir primero sus necesidades» alimentarias, de medicinas y, en el caso de aquellos que tienen hijos, de educación.
A su juicio, tener un seguro de salud privado es una necesidad, sobre todo por la situación de los hospitales y el alto costo de los servicios en las clínicas, que «no todo el mundo tiene (la capacidad) para costear» y que, «en los últimos años», ha registrado un incremento «bien importante».
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BAJOS INGRESOS, EL PRINCIPAL PROBLEMA
Un coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), cuyo nombre pidió resguardar, dijo a EFE que, con su pensión -de unos 42 dólares al mes, al cambio oficial-, no puede pagar un seguro privado, por lo que, «lamentablemente», cuando lo necesita, recurre a un centro de salud militar, donde el servicio es «deficiente».
«No tengo un seguro privado porque la disponibilidad financiera no la tengo, porque mi pensión es muy baja, y así, en esa situación, estamos todo el personal militar, tanto activo como retirado», dijo el hombre, de 62 años, una edad por la que las compañías cobran primas que pueden oscilar entre los 65 dólares mensuales (para una cobertura de 5.000 dólares) y 131 dólares (para 100.000 dólares).
El seguro que tiene a través del Ministerio de Defensa está, «prácticamente, inoperativo», y ni piensa en acudir a un centro privado, cuyos costos no puede cubrir.
La asesora de seguros Nancy Sáez afirmó a EFE que, si bien «se ha vuelto indispensable tener un seguro», «no todos pueden optar por obtener una póliza de salud», en un país donde el 81,5 % de la población es pobre, según la medición por ingresos calculada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
«Es indispensable porque los centros hospitalarios públicos, lamentablemente, están destruidos», aseguró Sáez, una realidad de la que el Gobierno responsabiliza a las sanciones internacionales a Venezuela, que tiene gran parte de sus bienes en el exterior bloqueados y sin poder disponer de ellos.
Según un informe de la ONG Médicos por la Salud publicado el pasado marzo, el desabastecimiento de insumos en los quirófanos de los hospitales públicos en enero fue del 72 %, mientras que en el área de emergencias fue del 46,2 %.
La Federación Médica Venezolana (FMV) ha denunciado reiteradamente que, en los hospitales, falla constantemente el servicio de agua y de electricidad, así como la dotación de medicinas, equipos quirúrgicos, camillas y el mantenimiento de los ascensores.
EL SECTOR ASEGURADOR, OTRO PACIENTE
El sector asegurador fue uno de los más afectados por la crisis económica, que, entre 2017 y 2021, estuvo marcada por una hiperinflación que reducía, «en un muy corto tiempo», el valor de las sumas aseguradas, lo que obligaba a las compañías a actualizar constantemente los montos, entonces en bolívares, la moneda local, explicó Bouffard.
Este acelerado ritmo de aumento de costos llevó al país a adoptar, de facto, el dólar, una moneda que las compañías aseguradoras también acogieron para fijar sus precios.
Luego, con la pandemia, hubo un incremento de la demanda, sobre todo por los altos costos que representaba ser atendido en un centro de salud privado.
Así, la población asegurada creció, levemente, de un 2 % a un máximo de 5 %, nivel en el que está ahora, por «el efecto covid».
Sin embargo, sigue siendo un nivel muy bajo, y para subirlo, aclaró Bouffard, «falta todavía camino por recorrer, y eso depende también de una recuperación integral de la economía».
El sector espera que una reciente ley aprobada por el Parlamento, de mayoría oficialista, que regulará la actividad aseguradora, facilite herramientas para poder ofrecer nuevas opciones, principalmente los «microseguros», dirigidos, específicamente, a las «poblaciones de bajos ingresos», agregó Bouffard.
Carlos Seijas Meneses
