La estrategia del gobierno siempre ha estado bien clara: Agobiar y empobrecer a sectores profesionales, trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios, con el objeto de empujarlos a una emigración masiva, que en parte ya se está dando, y al que se quede esperando oportunidades, no le quede más remedio que ser enrolado en las políticas sociales del gobierno, como única opción para sobrevivir. Al pobre cerrarle cualquier oportunidad de progreso, educación crítica o mejora en su nivel de vida, logrando con ello una dependencia casi absoluta de las políticas sociales del gobierno que lo mantendría en completo letargo, sin posibilidad de salir de la pobreza. Y a los sectores pudientes, arrinconarlos con reglas inconstitucionales que se vean obligados a cumplir y someterse a ellas o en su defecto correr el riesgo de que sus propiedades sean expropiadas u obligadas a vender, so pena de ser perseguidos o encarcelados. Esa estrategia tiene 19 años en marcha sin prisa pero sin pausa.
Hoy, como en otras oportunidades, el gobierno se ha encontrado con serios escoyos para que su proyecto continúe consolidándose, pero siempre tienen respuestas para saltarlos. Los factores democráticos muchas veces se equivocan en las lecturas que dan de los momentos políticos y muchas veces menosprecian la capacidad y rigurosidad del régimen para abordar las dificultades que se le presentan. No en balde han llegado a sostener el poder por más de 18 largos años y en condiciones de crisis que, bajo un gobierno democrático, cualquier presidente desde hace tiempo ya hubiese dejado por voluntad propia el poder. En este régimen, el problema no es el presidente, si no el proyecto autocrático, totalitario, de pretensiones hegemónicas que busca por cualquier vía sostener el poder.
Para los factores democráticos no ha sido fácil enfrentar a un régimen de características autocráticas. Acostumbrados a lidiar en democracia, guiados por un marco legal que mal que bien funcionaba y respetando la alternancia que establece la Constitución, dan lecturas equivocadas de los momentos políticos en esta democracia bordeada por la inconstitucionalidad, sobre todo después de obtener un triunfo. No han sido capaces de prever los pasos que puede dar el régimen después de una derrota y siempre son agarrados por sorpresa. Sucedió así cuando la reforma constitucional de 2007 y el planteamiento de reelección indefinida de Chávez que fue derrotada y de inmediato el gobierno activó la enmienda para aprobar lo negado en dicha reforma. Sucedió igual en el triunfo opositor de 2015 en la Asamblea Nacional, donde nuevamente la oposición equivoca su estrategia y minimiza la capacidad de reacción del régimen que aún conservaba casi todo el poder y los resultados después de casi tres años están a la vista: una oposición indefinida ante la ofensiva del gobierno, dividida y en busca de darle una respuesta coherente a un pueblo que clama por una ruta segura para un cambio democrático, pues las condiciones y el descontento generalizado están dados, como para acertar estratégicamente, aún con la puesta en escena del régimen.
El debate que se da en el liderazgo y los partidos de la oposición venezolana no tiene mucho tiempo para definiciones: Participar o no participar en el proceso electoral convocado por el régimen para el 22 de abril. Es un momento histórico y la decisión no puede ser tomada haciendo nuevamente un mal cálculo político que atrinchere y atornille aún más al régimen. Las consideraciones para tal decisión no pueden ser tomada bajo la emocionalidad del contundente, pero siempre cauto, apoyo internacional.
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La decisión debe estar fundamentalmente determinada por la capacidad interna de las fuerzas democráticas para derrotar al régimen. Electoralmente o no. En mi criterio, creo que el régimen aún con las mismas condiciones, puede ser electoralmente derrotado.
@luisjosemart
