Washington, 14 feb (EFE).- El uso electoralista de la inmigración amenaza con hacer estallar el sistema de asilo en Estados Unidos, que está sumido en su peor crisis en la frontera sur mientras la Casa Blanca intenta rehuir las críticas republicanas con los comicios presidenciales en el horizonte próximo.
En el centro del tornado político están el presidente, Joe Biden, y su jefe de migración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a los que los republicanos hacen máximos responsables de la crisis actual.
De hecho, los republicanos aprobaron este martes por la noche en la Cámara Baja someter a «impeachment» (juicio político) a Mayorkas, acusándolo de estar desatendiendo la frontera al no aplicar las leyes migratorias existentes.
Un acto que no tiene precedentes y que pone a la migración como tema central a menos de nueve meses de las elecciones, pero que no tiene mayor recorrido porque el Senado, el hemiciclo encargado de llevar a cabo ese proceso, está dominado por los demócratas.
Tan solo tres (de los 219) republicanos en la Cámara Baja votaron en contra de un «impeachment» que tiene un claro objetivo electoralista. Uno de ellos, Ken Buck, afirmó después del voto que «este es un ‘impeachment’ terrible y sienta un precedente terrible».
La estrategia por la que han optado los republicanos, con el expresidente y precandidato a la Casa Blanca Donald Trump (2017-2021) al frente, es la de bloquear cualquier iniciativa que pueda abordar la crisis actual para seguir castigando a los demócratas.
Llevan meses impidiendo que salga adelante un acuerdo presupuestario que daría fondos a la seguridad fronteriza en un momento en el que están llegando inmigrantes en números récord a la frontera sur.
En diciembre pasado hubo 302.000 detenciones de inmigrantes en la frontera, algo que no había sucedido nunca.
El último proyecto que tumbaron incluía cerca de 20.000 millones de dólares para contratar a miles de agentes para la frontera y para agilizar los casos de demanda de asilo, al que se acogen una mayoría de migrantes. El proyecto tenía incluso el apoyo del sindicato de agentes fronterizos, que suele estar alineado con los republicanos.
El presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos, el conservador Mike Johnson, se refirió este miércoles al bloqueo de ese dinero: «El pueblo estadounidense está con nosotros en este tema. Están con nosotros porque entienden que hay que resolver el problema y lo que salió del Senado no resolvía el problema».
El diario The Washington Post informó también este miércoles de que el Gobierno ya ha elaborado planes para poner en libertad a miles de inmigrantes ante la falta de fondos provocada por el fracaso en la aprobación del proyecto presupuestario.
Solo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por ejemplo, tiene un déficit de 700 millones de dólares, según el rotativo.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional detalló a EFE que sin los fondos necesarios sus agencias migratorias tendrán que «reprogramar o extraer recursos» de otros sitios.
«El Gobierno ha solicitado repetidamente recursos adicionales para las misiones vitales del Departamento de Seguridad Nacional en la frontera suroeste y el Congreso las ha subfinanciado de manera crónica», agregó.
La puesta en libertad puede ser un desafío político añadido para los demócratas, ya que los republicanos también han optado por la estrategia de trasladar a los inmigrantes a ciudades que votaron abrumadoramente por Biden, como Nueva York, Chicago o Denver, compartiendo así el problema con el electorado progresista.
Los alcaldes demócratas de estas ciudades llevan meses avisando que no tienen capacidad para recibir a más, pero las llegadas en la frontera no cesan.