Mitzy Capriles de Ledezma
El Consejo Nacional Electoral cumple funciones como un ministerio de asuntos electorales del régimen. Ante esta realidad, la manipulación del sistema electoral ha quedado en evidencia en los recientes procesos. El oficialismo apelando al ilegal TSJ y al CNE, y mediante procedimientos amañados impidió la realización del referéndum revocatorio y luego arbitrariamente suspendieron las elecciones regionales que debieron efectuarse en diciembre de 2016.
El pasado año el dictador en abierta y descarada violación de nuestra Constitución Nacional, elaborando sus propias normas electorales –a capricho y antojo– y olímpicamente saltándose a la torera la consulta del pueblo en referéndum consultivo, convocó una farsa electoral eliminando una conquista de los venezolanos desde 1947 que es el voto universal, directo y secreto, por unas elecciones sectorizadas con las que se transgredió la democracia venezolana. De esa pantomima realizada en julio, surgió un ilegal parapeto denominado Asamblea Constituyente.
La Smartmatic, empresa que estuvo a cargo del sistema de voto electrónico en Venezuela, denunció públicamente un descarado fraude con manipulación en los resultados presentados por el CNE. La empresa calculó que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arrojó el sistema fue de al menos 1 millón de votos. La estafa constituyentista había quedado al desnudo.
Ese esperpento se instaló y procedió a convocar las elecciones regionales para octubre. Aunque todas las encuestas daban como ganadora a la oposición, el oficialismo obtuvo la “mayoría”. Fueron desoídas las innumerables denuncias sobre el comprobable mal manejo de la elección que se convirtió en un proceso lleno de abusos. Entre los muchos se encuentran que no se admitió la sustitución de candidatos. A 72 horas del proceso fueron reubicados más de 200 centros de votación lo que afectó el voto de más de 1 millón de personas, y otras anomalías. 2 meses después se llevan a cabo las elecciones municipales, en las que igualmente se presentaron irregularidades y también “ganó” el chavismo. De esa manera se continuó desarrollando el maratón de fraudes y sigue embalado a la perpetración de otra estafa, en este caso la elección presidencial adelantada por ese mamotreto, y la posibilidad real de que el 22 de abril también –y nuevamente violando la Carta Magna– se efectúen las elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional, tal como lo ha respaldado el dictador.
Maduro tiene mucho temor a medirse en igualdad de condiciones y transparencia, porque sabe muy bien –al igual que sus asesores– que sufriría una derrota aplastante, toda vez que más de 90% de la población lo rechaza, y de allí todas las marramucias que se preparan para garantizarle el triunfo y aferrarse al poder. El régimen no respeta la voluntad del pueblo cuando les impide a los ciudadanos ejercer su derecho al voto sin ningún tipo de amenazas, limitaciones, ni violaciones de la ley.
Lo de abril no serán unas elecciones limpias, sino la trampa de un gobernante autoritario que sabe que no tiene respaldo popular, y solo puede mantenerse en el poder burlando el derecho de los ciudadanos. Nadie en Venezuela ni en el mundo debe avalar otra farsa de Maduro. Se trata de un fraude montado y anunciado.
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