São Paulo, 30 jul (EFE).- La Corte Suprema de Brasil destacó este miércoles que hay «indicios graves» contra los acusados en el proceso por intento de golpe de Estado, entre los que se encuentra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien garantizó un «juicio justo».
El alto tribunal respondió así a las nuevas sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra uno de sus once integrantes, el magistrado Alexandre de Moraes, instructor de las causas abiertas contra el líder ultraderechista brasileño.
«El Supremo Tribunal Federal no se apartará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo», señaló la máxima instancia judicial brasileña en un comunicado.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. aplicó este miércoles a De Moraes la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, «De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro».
Por el contrario, el Supremo brasileño afirmó que juzgar delitos que representan «un grave atentado contra la democracia brasileña es competencia exclusiva de la Justicia del país».
En este contexto, recordó que la Fiscalía, con base en audios, documentos y testimonios, acusó a Bolsonaro y a otras 33 personas de una serie de crímenes, entre ellos el de intento de golpe de Estado contra su sucesor en la Presidencia, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
«En el marco de la investigación, se encontraron indicios graves de la comisión de dichos delitos, incluido un plan que preveía el asesinato de autoridades públicas», apuntó el Supremo.
Añadió que todas las decisiones tomadas por De Moraes que afectan a Bolsonaro, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, fueron confirmadas de forma colegiada en el Supremo.
Las nuevas sanciones bloquean los posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
No obstante, medios locales brasileños indicaron que De Moraes no posee cuentas bancarias, ni tiene bienes en suelo estadounidense.
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Esta sanción se suma a la revocación por parte del Departamento de Estado de EE. UU. de la visa de De Moraes y de sus familiares directos, el pasado 18 de julio.
Y es una nueva medida de presión para torpedear el juicio contra Bolsonaro, después del arancel del 50 % decretado por el presidente Donald Trump sobre los productos brasileños, aunque una parte de ellos fueron exentos del mismo.
