Caracas, 11 dic (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma, con el fin, según dijo el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, de «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la Corte Penal Internacional (CPI).
La norma fue sancionada por el Legislativo después de que la Fiscalía de la CPI anunció, el pasado 1 de diciembre, que cerrará su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
Durante la votación en la sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que esta institución «debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano».
Esta legislación, indicó, se hizo para demostrar «solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino».
Con esta aprobación, el Parlamento sancionó la ley, que será remitida al presidente, Nicolás Maduro, a quien corresponde su promulgación. La legislación entraría en vigencia cuando sea publicada en la Gaceta Nacional, el periódico oficial del Gobierno.
El martes, durante la primera discusión del proyecto de ley, el presidente del Parlamento dijo que Venezuela se saldría de la CPI por el «vasallaje» de sus representantes, al afirmar que los jueces de este organismo «no están allí para impartir justicia ni para defender los derechos».
Durante ese debate, Rodríguez afirmó que la CPI no dice «nada» sobre el «genocidio» de Israel.
Sin embargo, la corte internacional dictó órdenes de detención en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza.
Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
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