San Salvador, 25 mar (EFE).- El Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró en una entrevista con EFE que los elementos de Seguridad hacen un «trabajo responsable» en el contexto del régimen de excepción, que cumple un año de vigencia en El Salvador, «apegado al Estado de derecho» y «a las leyes».
El Salvador cumple el 27 de marzo un año desde que se implementó la medida de excepción, solicitada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele y aprobada por la Asamblea Legislativa, dominado por el oficialismo.
Durante el régimen de excepción se han capturado a más de 66.000 personas que son acusadas de ser pandilleros, de los que aproximadamente 4.500 han sido liberados pero continúan con el proceso penal ya iniciado, según dijo el ministro Villatoro.
«Haber implementado el régimen de excepción ha sido algo que nos ha transformado en menos de nueve meses en otro país en materia de seguridad pública y esto es gracias a ese liderazgo firme y valiente del presidente Nayib Bukele y al trabajo articulado entre instituciones como el Ejército, la Policía, la Fiscalía General de la República, el órgano Judicial y el Legislativo», señaló el funcionario.
«NO CAPTURAMOS A INOCENTES»
El régimen de excepción, con el que el presidente Bukele le ha declarado una «guerra» a las pandillas, ha recibido críticas de organismos internacionales por considerarse que ha propiciado abusos de las autoridades.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
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«No es que andemos agarrando (capturando) a inocentes, o que andemos agarrando gente porque tiene un tatuaje. Nosotros salimos con nombre y apellido a buscar a nuestro objetivo y ese es el trabajo que se está haciendo de manera responsable», contestó Villatoro al ser preguntado sobre las supuestas detenciones arbitrarias.
Dijo que «ni el presidente, ni ningún otro funcionario del Gabinete de Seguridad y menos los delegados del fiscal, los policías e investigadores vamos a dormir tranquilos si condenamos a un inocente».
«Tenemos un compromiso con la justicia, porque estamos en un Estado de derecho y tenemos siempre que buscar la justicia», aseguró.
Sobre los señalamientos y acusaciones de organismos internacionales, el ministro respondió: «Ellas (las organizaciones) siempre han querido manipular la opinión a fuera del territorio salvadoreño y hacer ver que esto (…) es una dictadura, no se respeta la democracia y que estamos agarrando a una cantidad de inocentes».
«Lo cierto es que nosotros nos preparamos y el presidente ha sido responsable con el Estado de derecho (…) nosotros somos una República, no somos una banda de forajidos, aquí no es un corporativo criminal, nosotros tenemos que actuar como nos permite nuestra Constitución», señaló.
LAS PANDILLAS MANTENÍAN SOMETIDOS A LOS GOBIERNOS
Villatoro aseguró que las pandillas «mantenían sometidos a los gobiernos de turno» y «los manipulaban».
«Las estructuras terroristas manipulaban a los gobiernos de turno, (con lo) que ellos llamaban aperturas de válvulas. Les daban libertad a sus estructuras territoriales para que asesinaran a salvadoreños y eso lo ocupaban como un arma de negociación o para mantener sometido al gobierno de turno», explicó.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.
A estas bandas se les atribuyen la mayoría de homicidios registrados en el país centroamericano.
Según datos oficiales, El Salvador registró 496 homicidios en 2022, aproximadamente un 57 % menos que los contabilizados en 2021.
Sin embargo, las autoridades habían dejado de incluir en esta cuenta las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, dato que administraciones anteriores agregaban.
El país centroamericano registró en 2015 el año más violento de su historia reciente y en 2016 comenzó a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentuó en el Gobierno de Bukele.
El ministro de Seguridad apuntó que uno de los hechos que generaba «mayor violencia homicida» en el país era el «narcomenudeo» de droga manejado por las pandillas, «un monopolio implementado a punta de pistola», dijo.
«(Los pandillero) eran los únicos que tenían el monopolio de la venta de droga en este país, principalmente marihuana y ese mercado de marihuana era el que nos estaba generando una cantidad de asesinatos», agregó.
Sara Acosta
