Ocaña (Colombia), 24 ene (EFE).- Luis, un campesino de 32 años del caserío colombiano de San Pablo, tiene fresco en la memoria el momento en que comenzó la ola de violencia entre guerrillas en la zona del Catatumbo, ataques que en una semana han dejado decenas de muertos y miles de desplazados.
«Estaba trabajando cuando de repente sonó la ‘plomacera’ (disparos), entonces llegué a la casa y ahí me enteré de lo que estaba pasando», dice a EFE en el coliseo Argelino Durán Quintero, en Ocaña, habilitado como albergue y a donde llegó hace tres días con su familia.
Luis y su hija de ocho años fueron acogidos en el coliseo, mientras que su mujer, de 24, y su hijo de 14 meses fueron enviados a otro centro de acogida en Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander, por lo que ahora, además del desplazamiento, sufre la separación familiar.
Mientras esperan ansiosos que les entreguen a la mujer y al bebé la pulsera verde y blanca que provee la Alcaldía y que sirve de salvoconducto para alojarse en el coliseo y así poder dormir juntos en ese espacio, Luis relata la angustia que vivieron antes de poder emigrar hacia un lugar seguro.
«Antes de Navidad, el 15 de diciembre, fueron las primeras bullas (rumores), pero no pasó nada y nosotros nos confiamos» porque esa zona, que hace parte del municipio de Teorama, «ya estaba controlada por el ELN», dice.
Persecución a desmovilizados
Según relata, el ELN lanzó una ofensiva no solo contra las disidencias de las FARC sino también contra aquellas personas que se desmovilizaron gracias al acuerdo de paz de 2016.
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Entre esos perseguidos se encuentra su hermano. «El ELN fue a buscarlo a la finca para matarlo pero la comunidad se puso las pilas y lo salvó», afirma.
La ola de violencia en el Catatumbo ha dejado entre 60 y 80 muertos, según distintas autoridades, aunque debido a las dificultades logísticas y de seguridad para acceder a la zona, el Instituto de Medicina Legal (IML), solo ha recibido 41 cuerpos. La cifra de desplazados oscila entre 32.000 y 38.000, de los cuales unos 12.000 han llegado a Ocaña.
«Este problema con el ELN se agravó desde hace dos años», dice Luis, atribuyendo la situación actual a las concesiones que el Gobierno dio a esa guerrilla para retomar en noviembre de 2022 los diálogos de paz.
Según explica, en ese entonces «los militares y la fuerzas de seguridad se replegaron y el terreno quedó libre para los ‘elenos’ y empezaron a hacerse ver; antes estaban solamente en las zonas más alejadas, pero a partir de eso tomaron más territorio y comenzaron a pedir ‘vacuna’ (extorsiones)».
Otro caso que da cuenta de la magnitud de la crisis del Catatumbo es el de una familia desplazada de El Tarra y formada por Jhon, un ‘cotero’ (cargador de bultos) de 18 años; su mujer Estefani, de 21, y su hijo Yeison, de cuatro, quienes al igual que Luis piden que no se les cite por su nombre real por temor a sufrir represalias.
«Tenemos miedo, no sabemos cuándo podremos volver, mi mayor temor es por la vida de mi hijo», dice la mujer a EFE, mientras que su esposo explica que salieron de la zona en un camión de carga de un amigo, junto a otras 80 personas.
«Se armó una caravana larguísima de camiones, carros y motos y huimos», afirma.
Movilización humanitaria
La llegada a Ocaña de un número tan alto de desplazados ha puesto a prueba las capacidades de esta ciudad de unos 130.000 habitantes que ha visto cómo su población ha crecido casi un 10 % en cuestión de días.
El secretario de Gobierno de Ocaña, Freddy Arengas, explica a EFE que la Alcaldía «ofrece recursos, capacidad logística, administrativa y financiera para atender de forma inmediata esta emergencia», pero ante la cantidad de personas que han recibido «se solicitó ayuda a la Gobernación y a las autoridades nacionales».
«Desde el domingo comenzamos a recibir ayuda humanitaria de la Gobernación y de la Unidad para las Víctimas», dice, y añade que a ese esfuerzo se han sumado ciudadanos con donaciones de ropa, alimentos no perecederos y hasta bebidas calientes.
Arengas explica que en Ocaña fueron habilitados siete albergues y, como viene gente de diferentes municipios, se acordó con los alcaldes de esos pueblos la entrega a sus funcionarios de las ayudas diarias para que ellos mismos organicen la distribución ya que «conocen quién pertenece a cada corregimiento, a cada vereda».
«Hay algunos muy juiciosos que se levantan a las cuatro de la mañana para tener listo el almuerzo al mediodía», concluye Arengas.
Hipólito Stainoh
