Quito, 17 may (EFE).- El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este miércoles en medio del juicio político en su contra la denominada «muerte cruzada», que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convoca elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.
En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por «grave conmoción interna y política», después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado.
El mandatario recurrió a la «muerte cruzada» antes de que inicie el segundo día de debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituirlo, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
«GRAVE CRISIS POLÍTICA»
«Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza», dijo Lasso en el inicio de su mensaje .
Anotó que la solución debe poner fin a «una confrontación irracional e inútil» y señaló que no es posible avanzar y enfrentar los profundos desafíos «a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado».
Comentó que en los últimos dos años, «un sector de la política nacional ha intentado deponer al Gobierno democráticamente elegido».
Lasso añadió que el proyecto desestabilizador «subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo» y «todos los esfuerzos del poder legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado».
«Promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción», dijo sobre la acusación de la oposición
Para el gobernante, se trata de «un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo, es el mecanismo para destituir al presidente».
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«Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi Gobierno impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar absolutamente nada», subrayó.
El gobernante apuntó que se ha esforzado «para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad (…) pero el ataque a la gestión de este Gobierno no tiene límites».
Como ejemplo, dijo que la oposición ha activado 14 juicios políticos a ministros «para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del Gobierno»,
Consideró que ello es «una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna, que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea».
FIRMA DECRETO
Lasso aseguró que «para dar una salida constitucional» decidió aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que le otorga la Facultad de disolver la Asamblea Nacional «por grave crisis política y conmoción interna».
Además, solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
«Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en la próxima elección», agregó al indicar que esto permite al Gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de la familia ecuatoriana.
«A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado», dijo al avanzar que ya ha firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía.
Lasso subrayó que los servicios públicos atenderán con normalidad, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad y que el sector privado «tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país».
