La misión de Juan Guaidó como «presidente interino de Venezuela» bajo el supuesto de restablecer el orden democrático y combatir la crisis humanitaria, no tarda mucho en exteriorizar las verdaderas razones por las que se encauzan los implicados internacionales. Y en relación a la industria petrolera, se nota con premeditación.
Según una nota publicada por la calificadora de riesgo S&P Global Platts, entre los planes inmediatos del recién proclamado «gobierno de transición» aparece la renovación de la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation, filial de PDVSA con capacidad operativa de 750 mil barriles diarios, equivalentes al 4% del total refinado en Estados Unidos.
Esto viene en consonancia con la intención de usar los recursos bloqueados internacionalmente a Venezuela bajo interesadas acusaciones de corrupción, según una ley presentada en la Asamblea Nacional en desacato.
En ese mismo sentido, el director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que su país cree que los fondos y activos bloqueados a Venezuela deberían «ser administrados por Juan Guaidó por el presidente interino del país».
Además de esto, añade S&P Global Platts, que Guaidó prevé la creación de «una nueva ley nacional de hidrocarburos que establezca términos fiscales y contractuales flexibles para proyectos adaptados a los precios del petróleo y al ciclo de inversión petrolera».
En esta línea, según fuentes cercanas a Guaidó, el «gobierno paralelo» proyecta crear una nueva agencia de hidrocarburos «para ofrecer rondas de licitación de proyectos de gas natural y crudo convencional, pesado y extrapesado» en función de generar acuerdos ventajosos para transnacionales energéticas estadounidenses.
Basta como ejemplo citar el caso de ExxonMobil, expulsada durante el gobierno de Hugo Chávez por no aceptar el nuevo régimen de explotación hidrocarburífera reconocido en la Constitución bolivariana. Una vez expulsada, esta corporación presionó a Guyana para explotar los recursos energéticos ubicados en el Esequibo venezolano, hoy en disputa con Guyana.
De prosperar esta intención, y poder extraer estos recursos, ExxonMobil se convertiría en uno de los principales exportadores de petróleo en América Latina, según analistas de Wood Mackenzi. Así es el tamaño de sus intereses en Venezuela, como se vio en los últimos días cuando hizo que Washington presionara al Grupo de Lima para que incluyera un rechazo a la detención por parte de la Armada Nacional Bolivariana de un buque de la corporación en aguas venezolanas.
Eso guarda estrecha relación con que Estados Unidos tiene como objetivo poder regular, hacia abajo o hacia arriba, el mercado de energía global, de acuerdo a la estrategia 2018-2022 de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Departamento de Estado. Eso se traduce en políticas de intervención que alteran principalmente los mercados petroleros, sometiendo a los actores que participan allí mediante medidas de presión selectivas como sanciones energéticas, agresiones financieras de diversas índole, e intentos de cambio de régimen como el que hoy registra Venezuela.
El fin es sostener a los Estados Unidos en una posición privilegiada dentro de la economía global, permitiéndole regular el mercado energético en función de golpear las economías de las potencias rivales: China y Rusia.
Venezuela, aliado fundamental de estos países, ha configurado una política energética basada en la cooperación mixta, con el predominio de la estatal PDVSA en los convenios de extracción de recursos petroleros por encima de las empresas privadas y estatales foráneas, manteniendo un control soberano del territorio y sus fuentes de energía.
Por eso, habla bastante por sí mismo que entre las primeras medidas de Guaidó, en su intento de usurpar funciones presidenciales, sea vender a futuro los recursos petroleros de Venezuela a las mismas corporaciones que, sin injerencias, no quieren negociar en igualdad de condiciones con el Estado venezolano.
