Caracas, 17 oct (EFE).- La delegación del Gobierno de Venezuela negó este martes que el acuerdo sobre garantías electorales firmado en Barbados con la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contemple el levantamiento de las inhabilitaciones impuestas a políticos para ejercer cargos públicos, de cara a las presidenciales de 2024.
«Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde (…) pues tampoco puede ser candidato», dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, luego del acto de firma de los acuerdos, al que acudió como líder de la delegación del Ejecutivo.
Remarcó que los derechos establecidos en el pacto están condicionados por la ley de procesos electorales y la ley de contraloría y otras disposiciones que constituyen «el entramado a través del cual se establecen los requisitos para participar».
Recordó que el acuerdo habla de promover una «autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección», prevista para el segundo semestre de 2024.
Esto, explicó, supone que un menor de edad, alguien nacido fuera de Venezuela o que haya sido sentenciado por un crimen, igual que si recibió una inhabilitación administrativa por parte de la Contraloría, no podrá competir en las presidenciales.
Lo acordado con la PUD busca «sentar las bases para un acuerdo político y pintar la cancha para las venideras elecciones presidenciales», subrayó Rodríguez, tras criticar a quienes pretenden «tergiversar» lo pactado.
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Por su parte, la delegación opositora consideró que el documento suscrito constituye «una ruta» para que las formaciones políticas y los aspirantes inhabilitados «recuperen sus derechos con celeridad», así como «garantías» para que la selección de candidatos se respete.
Esto, según el antichavismo, reviste una importancia especial ante las primarias de este domingo, en las que definirán a su abanderado para las presidenciales que, según las encuestas, será la exdiputada María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación que le impide inscribirse en los comicios de 2024.
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