Washington, 1 may (EFE).- El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este jueves un recurso de emergencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos pidiéndole que le permita acabar con un programa migratorio que concede un estatus legal en el país a más de medio millón de venezolanos.
En concreto, los abogados del Ejecutivo solicitan al Supremo que anule una orden de un juez en menor instancia en California en contra de la decisión de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de este país suramericano.
En el documento legal, la Administración argumenta que el TPS para Venezuela va en contra del «interés nacional» de EE.UU. y que el Judicial no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria «urgentes».
El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que da un estatus migratorio a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.
Poco después de asumir el poder en enero, el Gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como «desgraciados» y criminales.
A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un «daño irreparable» a los miles de migrantes que se han acogido al programa y sus familias.
Bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025), el secretario de Seguridad Nacional (DHS) decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentado que el país está pasando por una «emergencia humanitaria» causada por una crisis política y económica.
La decisión fue celebrada entonces por varios legisladores del partido de Trump, incluyendo el entonces senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado.
Durante años, y especialmente durante el primer mandato del republicano (2017-2021), los políticos conservadores en EE.UU. abanderaron la causa venezolana, presionando para que se impusieran sanciones económicas y se le extendieran beneficios migratorios a las personas que han huido del país, en la que es ahora la mayor diáspora del continente.
El giro del Gobierno de Trump, que ha ido detrás de los venezolanos en EE.UU. vinculándolos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua, ha provocado críticas entre activistas de Venezuela en EE.UU.
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