Lima, 5 may (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, publicó este lunes en su redes sociales los requisitos necesarios para la declaración del estado de sitio en la provincia norteña de Pataz, donde fueron asesinados 13 mineros, una medida solicitada por el gobierno regional de La Libertad para erradicar a las mafias de la minería ilegal en esa zona.
Adrianzén compartió en su cuenta de la red social X el artículo de la Constitución que establece los regímenes de excepción, como el estado de emergencia, ya declarado en Pataz desde hace un año para combatir la criminalidad, y el estado de sitio.
Según la Carta Magna, el estado de sitio puede ser declarado por la presidenta Dina Boluarte en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende.
El plazo correspondiente no excede de 45 días y al decretarse el Congreso se reúne de pleno derecho.
Además, la prórroga requiere de la aprobación del Parlamento.
El domingo, el gobierno regional de La Libertad, en cuya jurisdicción se encuentra Pataz, pidió al Ejecutivo que evalúe decretar el Estado de Sitio en esa provincia como medida extrema para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que están amenazando la seguridad del Estado.
Añadió que «la paz y la vida» de los ciudadanos «no pueden seguir siendo amenazadas por mafias criminales vinculadas a la minería ilegal».
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Por otro lado, el legislador Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular, declaró este lunes a la prensa que en lugar de estar interpelando a varios ministros, a raíz del ataque en Pataz, deberían comenzar a evaluar una moción de censura a Adrianzén «para que el gabinete entre en crisis y haya un cambio».
«Lo que ha ocurrido en Pataz no puede ocurrir en otro sitio porque ya se están denunciando, tanto en Arequipa como en Puno, algunas situaciones que también están alarmando en el país», dijo Zeballos en referencia a otras regiones peruanas donde también hay presencia de minería ilegal.
En medio de la ola de reacciones en el país sobre la matanza ocurrida en Pataz, el mayor conglomerado de gremios empresariales de Perú afirmó el domingo que el Estado peruano ha «perdido el control de la seguridad» en la provincia de Pataz, como «en gran parte del país».
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) agregó que esta «espiral de violencia», que ya se ha cobrado la vida de 39 personas en Pataz, es «un reflejo de un problema de descontrol» que está ocurriendo en todo el país.
«La barbarie exhibida en la ejecución de estos 13 mineros, previamente secuestrados, nos traslada a los años en que actuaban en el país Sendero Luminoso y el MRTA», añadió la Confiep en alusión a los grupos armados considerados desencadenantes del conflicto armado (1980-2000) que provocó la muerte de 69.000 personas.
