Miami (EE.UU.), 7 jul (EFE).- La comunidad migrante en Estados Unidos recibió «como un balde de agua fría» el anuncio este lunes de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para más de 70.000 hondureños y nicaragüenses que han residido legalmente en el país durante más de dos décadas.
«Es sumamente lamentable», dijo a EFE Juan Flores, presidente del grupo migratorio hondureño Fundación 15 de Septiembre.
Desde que asumió el cargo en enero pasado, el presidente de EE.UU. Donald Trump, ha rescindido el TPS para unos 600.000 inmigrantes de siete países, convirtiendo en indocumentadas a personas que huyeron de crisis políticas y desastres naturales, a pesar de que cumplieron con todos los protocolos y requisitos legales, detalló este lunes la organización New York Immigration Coalition.
Para los hondureños, la incertidumbre creció en mayo cuando esperaban un pronunciamiento oficial sobre la extensión del programa que vencía ese mes, pero nunca llegó, dejando a los beneficiarios sin información clara sobre su futuro, explicó Flores.
Agregó que como hondureños también tenían muchas expectativas tras la firma, el pasado 25 de junio, de un convenio migratorio entre EE.UU. y Honduras con la visita al país de Kristi Noem, secretaria estadounidense de Seguridad Nacional.
Ese día la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, suscribió el acuerdo como ‘tercer país seguro’ con Noem, mediante el cual se comprometió a recibir solicitantes de asilo de otros países antes de que lleguen a la frontera estadounidense.
La decisión de cancelar el TPS, que se hará efectiva en 60 días, tomó por sorpresa a sus beneficiarios: cerca de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses, según el Registro Federal, quienes ahora disponen hasta el 6 de septiembre para buscar una alternativa a la de ser deportados.
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Según Flores, las condiciones en Honduras no permiten un retorno seguro, una información que, dijo, corroboran los mismos informes del Departamento de Estado, que demuestran que «hay corrupción en la clase política» del país.
«El socialismo que está impartiendo el gobierno de la presidenta Castro, la persecución de la prensa, la violencia, la falta de empleo y la falta de seguridad» son, según Flores, motivos que convierten a Honduras en elegible para el TPS.
El programa «Hermanos, vuelvan a casa», una reciente iniciativa del gobierno hondureño que ofrece bonos y asistencia básica a los migrantes deportados sin abordar causas estructurales como la violencia, el desempleo y la corrupción que obligaron a muchos a huir, ha enviado, según él, «un mensaje erróneo a la comunidad internacional de que Honduras ya es segura».
Ante esta situación, las organizaciones de hondureños ya se preparan para acudir a los tribunales. «Vamos a hacer lo que se hizo en 2018. No queríamos llegar a instancias, pero se están preparando ya demandas», anunció Flores.
El TPS es «temporal», advierte la Casa Blanca
Para el gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, el TPS no es eterno. «Por definición, es temporal. No está destinado a ser un camino permanente hacia la residencia o la ciudadanía aquí en Estados Unidos», expresó este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Enfatizó que al ser otorgado originalmente a estos dos países desde 1999 debido a los estragos de un huracán, no le sonaba muy temporal.
No obstante, para la asociación de migrantes Alianza Americas «los argumentos utilizados para justificar la cancelación son falsos, malintencionados y violan la ley que creó el TPS: proteger a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países de origen».
Revocar el TPS «pone en riesgo la salud, seguridad y estabilidad de miles de familias con estatus migratorio mixto», advirtió el director de America for All, Christian Aguiluz.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la New York Immigration Coalition, lamentó por su parte que la Administración Trump «está eligiendo activamente quitarles el estatus legal a cientos de miles de personas que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante mucho tiempo, arruinando vidas, separando familias y desestabilizando comunidades en todo el país».
Esta nueva cancelación obligará a miles de inmigrantes neoyorquinos a quedar en un limbo legal y en situación de riesgo, indicó.
«Seguiré luchando contra este otro ataque cruel contra nuestras comunidades inmigrantes», señaló por su parte Letitia James, fiscal general de Nueva York, donde residen miles de hondureños y nicaragüenses.
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