David Uzcátegui
La idea de que Venezuela podría convertirse en el “estado 51” de Estados Unidos ha circulado recientemente, como una provocación política más que como una propuesta real. Sin embargo, incluso si se deja a un lado el ruido mediático, basta revisar las constituciones de ambos países y el derecho internacional para concluir que es una imposibilidad estructural.
La Constitución de Estados Unidos en su Artículo IV, Sección 3 señala que el Congreso tiene la facultad de admitir nuevos estados en la Unión. Pero la historia constitucional de ese mecanismo revela que todos los estados han ingresado como territorios bajo soberanía estadounidense o mediante procesos de incorporación interna, no como países independientes.
El modelo está diseñado para expandir la federación dentro de su propio marco territorial o en espacios bajo administración previa, no para absorber Estados soberanos plenamente constituidos. Convertir a un país independiente en un estado implicaría no solo un voto del Congreso, sino una reconfiguración del concepto mismo de “Unión”.
Se requeriría una mayoría legislativa improbable, la superación de barreras como el filibusterismo en el Senado, y un consenso político que resulta inimaginable. Pero incluso si ese obstáculo se superara, quedaría por resolver la ausencia de un mecanismo constitucional, pensado para la incorporación de un Estado extranjero soberano.
Del otro lado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece un principio igualmente contundente: la soberanía reside de forma intransferible en el pueblo venezolano. El país se define como un Estado independiente, con integridad territorial y autodeterminación política.
Para que Venezuela dejara de existir como nación soberana, no bastaría una decisión gubernamental. Sería necesario un proceso constituyente total, con referéndum nacional, reforma profunda del orden jurídico y, en última instancia, la aceptación explícita de la disolución del Estado venezolano como entidad independiente.
Ese escenario no solo es políticamente inviable en condiciones normales, sino que entra en tensión con los principios fundamentales del propio constitucionalismo venezolano, que protege la existencia de nuestro Estado como sujeto soberano del derecho internacional.
Incluso si —en el terreno de la hipótesis— ambos gobiernos acordaran algún tipo de integración, el derecho internacional impone límites adicionales. La Carta de las Naciones Unidas se basa en el principio de igualdad soberana de los Estados y en la prohibición de la anexión forzada o no consensuada de territorios.
La transformación de un país en un estado de otra nación no tiene precedentes en el sistema contemporáneo sin que medie descolonización, colapso estatal o procesos de independencia. El orden internacional moderno reconoce la creación de Estados, no su absorción como unidades subnacionales de otro país.
El problema central de esta idea no es su dificultad política, sino su incompatibilidad estructural con los sistemas jurídicos existentes. En Estados Unidos, no existe un marco para incorporar países soberanos como estados federados. En Venezuela, no existe un mecanismo para disolver la soberanía nacional en favor de otra federación. Y en el sistema internacional, contradice principios básicos de soberanía estatal.
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Por eso, más allá del impacto mediático o simbólico de la propuesta, su análisis jurídico conduce a una conclusión clara: no se trata de una opción en debate, sino de un escenario fuera del diseño constitucional de ambos países y del orden internacional vigente.
La historia ayuda a reforzar este punto. Estados Unidos ha expandido su territorio mediante compras, tratados o anexiones, como en el caso de Luisiana o Alaska, pero esos procesos ocurrieron sobre territorios estratégicos o coloniales, no sobre Estados plenamente soberanos. Incluso entidades como Puerto Rico, Guam o Samoa Americana siguen siendo “territorios no incorporados”, no estados de la Unión.
Pasar de territorio a estado dentro de EE. UU., ya es un proceso complejo; convertir un país independiente en estado implicaría un salto que rompería tanto la lógica federal estadounidense como el principio de soberanía que estructura el sistema global actual. Requeriría una reforma de la Constitución estadounidense y la aprobación de la disolución del Estado venezolano, algo que choca con nuestro orden constitucional.
En política, muchas ideas pueden ser discutidas. Esta, en cambio, ni siquiera encuentra el lenguaje legal para existir.
