Tapachula (México), 2 jul (EFE).- La cancelación del programa CBP One y otras medidas contra la migración irregular adoptadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, han tenido efectos en Tapachula, epicentro de la crisis migratoria en el sur de México, donde los traficantes de personas pelean por la ruta hasta la frontera norte, según denunciaron este miércoles activistas y migrantes.
Así lo indicó el director del Centro de Dignificación Humana (CDH) en esa ciudad fronteriza, Luis Rey García Villagrán, quien subrayó que los traficantes de personas están cobrando entre 10.000 y 15.000 dólares por viaje.
“Por eso, la lucha intestina también de los carteles, por eso, la guerra de la policía chiapaneca (Chiapas) con los diferentes carteles porque la mitad de eso que se gana de ese botín que tienen los traficantes de personas los carteles tienen que ver con esta guerra intestina porque se está peleando la ruta del tráfico y trata de personas”, informó.
De hecho, García Villagrán apuntó que, en ocasiones, los migrantes son acercados al cruzar el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, y desde allí son llevados hasta la frontera con Estados Unidos, situación que refleja que la migración irregular no se ha detenido pese a las políticas de Washington.
Migración irregular, negocio lucrativo
En la mayor ciudad fronteriza del sur de México, se encuentra la migrante cubana Ghislayne Jiménez Moret, quien narró a EFE que pagó pasajes de 5.000 dólares de su país hasta Nicaragua y de ese país fue trasladada a la frontera de México con Guatemala por otros traficantes.
«Claro, nosotros nos venimos de manera ilegal, pagamos hasta Nicaragua, porque Cuba es una isla que está en medio del mar y no tiene frontera y luego pagamos pasajes de 5.000 dólares cuando llegamos a Nicaragua hay gentes o ‘coyotes’, que nos traen hasta acá (Tapachula), y estos cobran en dólares», agregó Moret.
Esta migrante, de profesión psicóloga, contó que trabaja en una empacadora donde labora alrededor de 17 horas diarias y no pueden dejar de hacer las actividades porque tiene que cubrir sus gastos diarios.
Por su parte, el ecuatoriano Fredy Lozano narró que llegó a Tapachula, la mayor ciudad fronteriza en el sureño estado de Chiapas, hace un año y durante su travesía las diversas autoridades migratorias le pedían dinero a cambio de dejarlos pasar porque no traen pasaporte o visa.
“El permiso permanente para pasar por país, como nosotros no lo teníamos y mi familia es ecuatoriana ellos les cobraban más”, indicó Lozano, al señalar que se encuentra de manera irregular limpiando vidrios de automóviles, ya que está a la espera de sus documentos para poder salir de la frontera sur de manera legal.
La Administración de Trump ha eliminado una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera.
Como consecuencia, más de medio millón de personas se han quedado en un limbo legal -mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de los programas- o directamente en una situación migratoria irregular.
Trump busca acelerar las deportaciones y detenciones para cumplir con su promesa de campaña de expulsar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país.
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