“Oferta. Hallacas, 1$”, se lee en el cartel que los Paz colgaron en la camioneta familiar para vender el platillo navideño por excelencia en Venezuela. El dólar, proscrito durante 15 años, corre libre mientras el gobierno aplica un agresivo ajuste.
Sin liquidez, con la producción petrolera en caída libre y sanciones de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro se ha visto forzado a aflojar los controles de cambio y de precios reinantes en la era chavista.
Maduro había mantenido el control absoluto de la economía ejercido por el líder socialista Hugo Chávez (1999-2013), con expropiaciones y fiscalizaciones para obligar a bajar precios, pero sin la poderosa chequera que le permitió a su predecesor sustituir producción nacional con millonarias importaciones.
Primero el derrumbe de los precios del crudo y, luego, el de la producción petrolera (de 3,2 millones de barriles diarios hace una década a unos 700.000 actualmente) volvieron insostenible el modelo: la escasez de alimentos se hizo crónica, la inflación explotó y la moneda local, el bolívar, se diluyó.
Ahora dejar hacer es la consigna: “No te voy a controlar, no te voy a expropiar, no te voy a castigar por el precio que vas a cobrar, pero eres tú el que va a poner el capital”, dice el economista Luis Arturo Bárcenas.
A la vez, el gobierno, criticado durante años por su indisciplina fiscal, viene recortando gastos y restringiendo créditos al aumentar los fondos que la banca respalda ante el Banco Central.
En ese contexto la inflación se desacelera aunque sigue siendo la mayor del mundo, proyectada por el FMI en 200.000% para 2019, y la escasez retrocede.
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Sin embargo, el PIB sigue cayendo y este año se contraerá 35% según el FMI. Servicios como el de electricidad colapsan.
Menos ingresos, recortes
Ante el alza de precios y la depreciación del bolívar (98,3% en 2019), los venezolanos se refugian en el dólar.
“Es una manera de defendernos”, afirma Rosmary Paz, de 26 años, al servir una hallaca (una especie de tamal) en una avenida de Caracas.
Desde que asumió la presidencia, Maduro denunciaba el “dólar criminal” alegando que las cotizaciones en el mercado negro, surgido a la sombra del control de cambio, eran manipuladas.
Pero en una reciente entrevista dijo no ver “mal” esta dolarización de facto, considerándola “una válvula de escape” frente al “bloqueo económico” de Washington, que impuso un embargo petrolero para forzarlo a dejar el poder.
Proliferan tiendas de productos importados etiquetados en dólares y el billete verde incluso rueda en zonas populares.
“La gente viene y paga en dólares”, dice Junior Nieves en su pequeño comercio de alimentos en El Valle, una barriada caraqueña.
Para Bárcenas, es “una burbuja”. Más de 50% de las transacciones en Venezuela se hacen en moneda extranjera, pero solo 15% de la población tiene ingresos regulares en divisas y 35% acceso ocasional, según Ecoanalítica.
Fuera de la burbuja quedan quienes viven con bolívares, en un país donde el ingreso mínimo mensual apenas representa 9 dólares.
“Quisiera tener dólares (…), pero no tengo”, lamenta con risa resignada Eloy Rivas, lavador de automóviles de 57 años.
Como parte del ajuste, Maduro redujo la frecuencia de aumentos salariales (este año ha hecho tres frente a seis de 2018), mientras pequeñas pero constantes protestas denuncian el desmontaje de contratos colectivos y la eliminación de beneficios.
En el sector de la salud pública, por ejemplo, los escalafones salariales se difuminan, al punto que un obrero con bonificaciones nocturnas puede ganar más que un médico residente.
“La jerarquía se destruyó”, cuenta Jaime Lorenzo, cirujano con 32 años de ejercicio que devenga unos 20 dólares mensuales en el Hospital Periférico de Catia, donde enfermeras con zapatos desgastados rondan los pasillos. Vive de consultas privadas.
Subsistencia
La flexibilización del control cambiario apunta a facilitar el flujo de remesas que envían los migrantes, que superará 3.500 millones de dólares en 2019 según Ecoanalítica. La ONU calcula que 4,5 millones de venezolanos han huido de la crisis y que la cifra alcanzaría 6,5 millones en 2020.
Maduro también ha encontrado una fuente de financiamiento en la explotación de oro, que según la oposición fluye de manera irregular para eludir las sanciones.
“La economía doblegó la visión controladora del Estado”, opina Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, considerándolo un asunto de “supervivencia”.
Pero la flexibilización puede tener “corta vida” si el gobierno cree que retomar controles generaría beneficios políticos, estima Bárcenas.
