Este lunes se reanudó en Barbados la denominada “mesa de trabajo permanente para resolver la crisis política del país, suerte de mediación auspiciada por la Monarquía constitucional de Noruega.
El conflicto entre gobierno y oposición en Venezuela excede del concepto tradicional de la pugna política entre partidos en su disputa por el poder. En este caso se trata de la confrontación entre dos modelos ideológicos discordantes sobre el sistema. Es un enfrentamiento entre un esquema autoritario-populista, socialista-militarista, barnizado con unas elecciones de participación plural, y el proyecto democrático social del Estado de Derecho.
En efecto, el factor principal de esa confrontación es la imposición desde Miraflores de la ideología de un socialismo totalitario con apoyo del alto mando militar, a la cual se enfrenta un bloque político y social, cuantitativamente similar o superior, con otra ruta planteada por su líder Juan Guaidó que busca: el cese de usurpación de la presidencia por Nicolás Maduro, la conformación de un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres.
Este último planteamiento es tajantemente rechazado por el oficialismo, el cual por conducto del presidente de la Asamblea Constituyente y vice-presidente del partido de gobierno, capitán ® Diosdado Cabello, ha dicho reiteradamente: “Aquí las únicas elecciones que habrá son las de la Asamblea Nacional que no pasan del 2020. Eso sí está escrito en la Constitución. Sin embargo, la constituyente pudiera convocar a elecciones en cualquier momento porque es absolutamente plenipotenciaria”.
En ese caso, de no haber avances posibles en los seis puntos que se debaten, los encuentros de Barbados se quedarían en un intento más, como ya ocurrió en diversas oportunidades en Caracas o más recientemente en República Dominicana.
En este enredijo, lo que parece estar claro es que ambos sectores necesitan algún tipo de entendimiento, pues lo contrario sería una profundización de una crisis que está a punto de estallido y de catástrofe nacional.
Maduro tiene seis meses ejerciendo una autoridad cuestionada por la forma en que se gestó, la cual es sostenida por el filo de las bayonetas; mientras Guaidó ejerce una presidencia interina con amplio respaldo internacional, pero sin el poder real para hacerla efectiva. Esta circunstancia hace que lo que ocurre en Barbados sea una carrera para salvar obstáculos.
Todo este compas de diálogo y negociación se realiza, como lo destacó el jurista Román Duque Corredor, dentro de un marco interno de persecución en gran escala, bajo un contexto sistemático organizado y programado de discriminación y de exclusión de los sectores de la población que no simpatizan con el gobierno, así como las desapariciones, las torturas, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las violaciones de derechos fundamentales en magnitudes crecientes, como parte de ese plan sistemático, permiten calificar el conflicto político en Venezuela, a la luz del derecho penal internacional, de crimen de lesa humanidad de persecución. Por eso, el proceso de negociación para la búsqueda de soluciones a estos crímenes es difícil, largo y de una gran exigencia de fortaleza moral y de formación política por parte de los negociadores, así como de una metodología de negociación clara, transparente y que garantice la participación de la sociedad civil en dicho proceso.
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¿Hacia dónde marchamos? Muchos creen en la inminencia de unas elecciones presionadas por las potencias mundiales. Ojalá ese camino se ampliara, pero aún no se ve la luz al final del túnel ¿Quién o quienes tendrán el póquer de Ases que determine el camino de salvación nacional? Seguiremos esperando, mientras el barco hace aguas por todos los costados.
