César Pérez Vivas
En el marco del plan para la recuperación de Venezuela anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos de América se definieron tres etapas: estabilización, recuperación y transición. Estas fases no son necesariamente sucesivas; por el contrario, pueden desarrollarse de manera simultánea y complementaria.
Se ha anunciado que finalmente comenzará la preparación de la etapa de transición mediante la elaboración de un cronograma electoral. Sin embargo, los representantes de la dictadura, los herederos de Nicolás Maduro, buscan complejizar este proceso para ganar tiempo en su propósito de permanecer en el poder.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, expresó durante la 50.ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM, celebrada en Basseterre, San Cristóbal y Nieves, el pasado 25 de febrero, que su país impulsará “unas elecciones legítimas y transparentes” que permitan conformar “un gobierno legítimo”.
Cuando se habla de elecciones para constituir un gobierno legítimo, se está hablando, fundamentalmente, del Poder Ejecutivo, porque es esa rama del Poder Público la que ejerce las funciones de gobierno. En consecuencia, tratándose de la República, se está hablando de la Presidencia de la República.
Los venezolanos debemos tomarle la palabra al secretario de Estado de los Estados Unidos y solicitar, de manera firme, respetuosa pero decidida, que se impulse la fijación de un cronograma electoral destinado a elegir al nuevo Presidente o Presidenta de la República.
Hoy la vacante institucional existente en Venezuela corresponde precisamente a la Presidencia de la República, toda vez que Nicolás Maduro se encuentra sometido a un proceso judicial ante la administración de justicia de los Estados Unidos. En consecuencia, no existe duda acerca de cuál es el cargo cuya provisión debe resolverse con carácter prioritario.
El artículo 233 de la Constitución establece que, producida la falta absoluta del Presidente de la República, deben convocarse elecciones dentro de los treinta días siguientes. Ese ha sido nuestro planteamiento desde el mismo momento en que el dictador fue extraído del territorio nacional.
Los herederos de Maduro, sin embargo, buscan todos los mecanismos posibles para prolongar su permanencia en el poder y, al mismo tiempo, han logrado sembrar confusión tanto en la opinión pública venezolana como en algunos sectores de la comunidad internacional.
Su propuesta consiste en reformar la Constitución, modificar la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y revisar otras normas vinculadas con la materia, hasta el punto de que Jorge Rodríguez ha anunciado la elaboración de un nuevo Código Electoral.
El autor intelectual de la cadena de diálogos frustrados y de sucesivas maniobras electorales pretende consumir meses en ese debate para luego invocar el artículo 298 de la Constitución, el cual establece:
Lea también
“La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma.”
Es evidente la maniobra: utilizar una reforma electoral para impedir que puedan convocarse elecciones presidenciales en el corto plazo y ganar así más tiempo para mantener a su hermana ejerciendo el poder.
Si la sociedad democrática venezolana cae en esa trampa, inevitablemente perderá meses discutiendo la integración de un nuevo Poder Electoral, la aprobación de nuevas leyes y la elaboración de un cronograma electoral, exactamente el escenario que conviene al régimen.
Es cierto que Venezuela necesitará una profunda reforma constitucional. Pero esa tarea corresponde a un poder legítimamente constituido, una vez restablecida plenamente la democracia. Mientras subsista la dictadura, no existen condiciones políticas, jurídicas ni institucionales para emprender una reforma constitucional ni para redactar una nueva Constitución.
Por ello, la prioridad no consiste en reformar la Constitución ni en redactar un nuevo Código Electoral. La prioridad consiste en cumplir la Constitución vigente y aplicar las leyes electorales actualmente en vigor para elegir al nuevo Presidente de la República, que es el cargo cuya vacante debe resolverse.
Jorge Rodríguez intenta desviar la atención proponiendo, además, elecciones regionales y municipales. Su objetivo no es fortalecer la democracia, sino ganar tiempo, dividir a la oposición democrática y prolongar la permanencia del régimen.
Su apuesta consiste en que Donald Trump enfrente dificultades políticas suficientemente graves que reduzcan o limiten la presión que hasta ahora ha ejercido sobre el régimen venezolano.
Lamentablemente, existen sectores de la sociedad venezolana que parecen estar más interesados en elegir un alcalde o un gobernador que en poner fin a la dictadura. Todas las gobernaciones y alcaldías son importantes, pero infinitamente más importante es recuperar la Presidencia de la República y restablecer la institucionalidad de los poderes nacionales.
Para lograr la reinstitucionalización de los poderes públicos es indispensable establecer, en primer lugar, un gobierno democrático que pueda conducir, con autoridad y legitimidad, el proceso de transición de la dictadura hacia la democracia.
En un Estado centralizado, que controla discrecionalmente la economía y las finanzas públicas; donde no existe separación de poderes y los tribunales obedecen ciegamente las órdenes de Miraflores, resulta ilusorio pensar que el cambio podrá construirse desde una gobernación o una alcaldía.
Quienes legítimamente aspiran a ejercer responsabilidades regionales o locales deben comprender que la prioridad es la República. Primero debemos rescatar la democracia, restablecer el Estado de derecho y reconstruir las instituciones nacionales. Solo entonces podrán celebrarse, en condiciones de libertad, las elecciones regionales y municipales previstas por la Constitución.
Hoy el llamado a todos los venezolanos de buena voluntad es a defender la prioridad que la sociedad democrática y la oposición política definieron en la Declaración de Panamá: convocar, sin más dilaciones, elecciones presidenciales. De ahí la urgencia en designar ya un nuevo CNE y fijar el cronograma electoral presidencial.
Aceptar cualquier otro tipo de consulta electoral antes de alcanzar ese objetivo significaría traicionar la confianza del pueblo venezolano y prolongar innecesariamente la permanencia de la dictadura.
Caracas, 27 de julio de 2026.
