San Salvador, 21 feb (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma que anula la prescripción en los delitos de feminicidio para que la persecución penal «no prescriba en razón del paso del tiempo».
Con 76 votos de los 84 diputados, los legisladores reformaron el Código Penal para incluir al feminicidio y feminicidio agravado entre los delitos que no prescriben en el país.
«Aprobar y aplicar esta reforma garantiza a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia y la utilización de la justicia penal para el enjuiciamiento de los responsables de manera justa, imparcial, oportuna y rápida», señala el dictamen de la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, que dio luz verde a la votación.
Añadieron que «es necesario que el Estado adopte medidas que permitan proteger a las mujeres de todo estrato social, sin distinción de edad, religión o creencia, de una conducta misógina en su contra».
«Se vuelve imperativo declarar la posibilidad que el ejercicio de la acción penal para este tipo de delitos no prescriba en razón del paso del tiempo», indica el decreto legislativo aprobado.
Se espera que los legisladores también reformen la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres para declarar también en esta norma que el feminicidio no prescribe en El Salvador.
«El feminicidio es la expresión más extrema e irreversible de la violencia contra las mujeres. Radicalmente opuesto a todos los derechos y garantías establecidos en las legislaciones internacionales y nacionales», señala la reforma que necesita únicamente 43 votos.
La feminista Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) indicó recientemente que, según sus estimaciones basada en el seguimiento de las noticias, en 2022 ocurrieron al menos 68 casos de muertes violentas de mujeres y feminicidios.
Esta cifra representaría un caída del 46 %, con 35 casos menos en 2022 respecto a 2021.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres de 2017, las salvadoreñas muestran un muy bajo nivel de confianza en la administración de justicia.
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