Madrid, 23 mar (EFE).- Raquel fue secuestrada por paramilitares en Colombia, Carlos recibió palizas por vestirse de mujer y a José lo amenazaron de muerte las bandas en Guatemala, un infierno del que huyeron con destino a España, sin imaginarse que allí se iban a encontrar otro.
Raquel, que hace poco regularizó su situación y ahora tiene trabajo y techo, tardó dos años en conseguir una cita en el sistema de asilo español, un segundo periodo negro de su vida en el que sufrió abusos y se vio obligada a dormir en la calle.
Carlos, también colombiano, llegó a España el pasado mes octubre con la esperanza, como Raquel, de ser acogido como refugiado, y se dirigió a la oficina de Extranjería de Valencia (este de España), donde le indicaron que tenia que pedir cita previa por teléfono.
Meses llamando cada miércoles para pedir cita y «no descuelgan»
«Sólo se puede llamar los miércoles a partir de las tres de la tarde -explica a EFE- y yo llamo todos los miércoles desde que llegué, pero no descuelgan. He instalado en el móvil una aplicación de rellamada y puedo llegar a llamar hasta 2.000 veces en una tarde, pero nada».
El colapso del sistema de citas, que numerosas ONG españolas denuncian desde hace seis años, deja a los solicitantes desamparados, sin la documentación necesaria para vivir y trabajar legalmente en España.
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Eso es lo que le pasó a Raquel que, pese a tener formación y experiencia como enfermera, tuvo que aceptar trabajos precarios como limpiadora o cuidadora sin contrato porque no conseguía cita para solicitar el asilo.
Durante una etapa especialmente dura, en el que no tuvo ingresos, se vio durmiendo en la calle, una experiencia dramática que la empujó a viajar a Bilbao (norte de España), donde supo que había una organización religiosa que ofrecía ayuda a mujeres en su situación.
Efectivamente le ayudaron, pero solo los primeros meses, así que, cuando tuvo que abandonar el piso, aceptó ir a vivir con un hombre con el que acababa de iniciar una relación pero al que conocía poco.
«Fue horrible, cuando bebía me pegaba, casi me mata delante de mi hijo. ¡Con lo que yo había pasado y me tiene que ocurrir esto!», lamenta Raquel, que había abandonado Colombia para huir de la violencia de género.
Víctima de violencia machista en Colombia y en España
Finalmente obtuvo ayuda de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y consiguió cita para presentar los papeles que acreditan que sufrió violencia de género en su país y tiene derecho a residir legalmente en España.
La documentación tardó meses en llegar, pero ahora ya la tiene, trabaja legalmente y, además, colabora con la Asociación Revivir y es voluntaria con CEAR, donde ayuda a personas que están pasando ahora por lo que ella pasó cuando llegó.
Como José, que trabajaba como panadero en Guatemala pero ahora no puede ejercer porque no consigue regularizar su situación.
«Llevo un año llamando cada miércoles por la tarde a ese teléfono y ya pienso que nunca lo van a descolgar», comenta desesperanzado.
«Me dijeron que hay gente que te consigue cita a cambio de dinero -explica-, pero no me atrevo a acudir a ellos porque también me dijeron que hay personas que llegaron a pagar hasta mil euros y finalmente fueron estafadas».
La cadena de la precariedad
Además de abocar a los emigrante al trabajo precario, el colapso del sistema de cita previa también ocasiona problemas de acceso a la vivienda, el sistema sanitario o con los bancos.
Raquel sufrió todos estos problemas: la falta de trabajo la dejó sin vivienda, que a su vez le impidió empadronarse, lo que conllevó dificultades para acceder al sistema sanitario y para abrir una cuenta en el banco.
«Tardaron dos años en tomarse en serio los dolores que me provocaban los miomas que tenía en el útero y al final tuvieron que operarme de urgencia de tumores», recuerda, «y lo del banco también fue una tremendo. Por no tener NIE (Número de Identidad de Extranjero) me pedían entre 40 y 60 euros al mes por abrir una cuenta. Es una cadena. Una precariedad lleva a la otra.
Rosa Díaz
