César Pérez Vivas
En Venezuela la justicia está totalmente sometida a los dictámenes del poder ejecutivo y del partido estado que lo sustenta. Vivimos en una sociedad donde la justicia tiene un ariete, es decir un anillo que la presiona y la somete a los intereses y caprichos de una camarilla corrompida y perversa instalada desde el Palacio de Miraflores.
Las declaraciones recientes de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Bárbara César Siero, así lo demuestran y revelan una realidad que todos conocíamos sotto voce: el brutal instrumento de presión, sometimiento y extorsión que el régimen político ejerce sobre los jueces.
Nuestro país tiene una justicia secuestrada por un poder inescrupuloso instalado en Miraflores, cuyas ramificaciones controlan la organización policial, militar y financiera del Estado. A nadie sorprende el testimonio de la magistrada. Son hechos conocidos: la forma en que atacan a las familias de los funcionarios, cómo los extorsionan, los amenazan y los chantajean para que cumplan instrucciones dictadas desde el poder central. Hay otros que complacidos acatan “las ordenes superiores” porque de esa forma tienen luz verde para extorsionar y tarifar cada decisión emanada de su despacho.
Hoy, no hay un solo juez independiente en Venezuela. Está planteada una renovación del TSJ. Sin embargo, mientras en Miraflores siga operando la estructura montada por Chávez y Maduro, esa cultura de sumisión y de corrupción no va a variar.
Muchos teóricos del derecho explican la importancia del máximo tribunal. Ciertamente, un tribunal independiente, integrado por magistrados honorables y con solvencia académica y moral, es la garantía fundamental de un Estado de Derecho. Ya lo decía el Libertador Simón Bolívar: «La justicia es la madre de las virtudes republicanas». Ese es el deber ser.
Pero en Venezuela se instaló en el poder una corporación que no se detiene ante nada. Sometieron al sistema de justicia, a la cúpula militar y a sectores económicos, políticos y sociales mediante el halago, la corrupción o el uso brutal de la fuerza.
Por eso, para rescatar la justicia, es fundamental desalojar de Miraflores a quienes por 28 años se han empeñado en perpetuarse. Venezuela necesita urgentemente un proceso electoral libre que garantice una verdadera transición. Podremos tener un nuevo tribunal a finales de año, pero esos magistrados correrán peligro si los usurpadores sobreviven en el poder.
El triunvirato gobernante hace esfuerzos diarios para ganar tiempo. Intentan mimetizarse y ceder ante exigencias de la Casa Blanca para superar esta coyuntura crítica frente a la administración de Donald Trump. Si logran resistir este obstáculo, volverán a doblar, extorsionar o anular las instituciones, tal como lo hicieron tras las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando desconocieron la voluntad popular inventando una asamblea constituyente.
Si continúan en el poder Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, jamás se someterán a la ley si no hay una fuerza legítima que se los imponga. Por esa razón, la prioridad nacional —más allá de los nombres en el TSJ— es salir de la camarilla usurpadora.
El pasado viernes el secretario de estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio hizo énfasis en la necesidad de contar con instituciones que garanticen una ruta hacia las elecciones libres y competitivas.
Visto el tema desde un país con una constitución vigente desde su nacimiento, con un estado de derecho donde funciona la separación de los poderes y las instituciones tiene lógica
su tesis. Pero visto el tema desde la perspectiva de un país que ha sufrido un régimen criminal, enquistado hasta los tuétanos en todas las ramas del poder, cuyos agentes son alumnos de la escuela autoritaria de los gorilas de la Cuba Castrista, es natural que nos asalte la duda y la desconfianza.
Mientras estén instalados en Miraflores están en capacidad de desconocer a las demás ramas y niveles del poder público en el momento que la verdadera amenaza creíble ceda o desaparezca por cualquier contingencia de la vida humana o política.
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En esta Venezuela la reinstitucionalizacion comienza por desalojar de Miraflores a quienes ilegítima en ilegalmente la ocupan. Por lo tanto es urgente y prioritario definir un cronograma que garantice elecciones presidenciales libres en el menor tiempo posible, para instalar un gobierno con verdaderas convicciones democráticas que respete la Constitución y acate la justicia.
Caracas 12 de Octubre del 2026
