Washington, 7 mar (EFE).- Las autoridades migratorias de Estados Unidos actualizaron este lunes los criterios para que menores inmigrantes víctimas de abuso, negligencia, abandono o maltrato por parte de los padres puedan acogerse, a partir de mayo próximo, a la residencia permanente legal.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció este lunes las nuevas normas.
«Tomamos medidas para ayudar a los niños inmigrantes en Estados Unidos que han sido abusados o abandonados, y para ofrecerles la protección que les ayude a reconstruir sus vidas», dijo la directora de USCIS, Ur Jaddou.
«Estas políticas proporcionarán una ayuda humanitaria a los jóvenes vulnerables para quienes un tribunal juvenil haya determinado que es mejor para sus intereses que permanezcan en Estados Unidos», añadió la funcionaria.
Los inmigrantes menores de edad que llegan a la frontera de EE.UU. sin compañía de adultos responsables y son detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) deben ser transferidos en un plazo de 72 horas al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
Esta agencia, que depende del Departamento de Salud, a su vez da albergue y cuidados a los menores hasta que se localicen dentro de EE.UU. a familiares u otros adultos que se hagan responsables.
Hasta el viernes pasado, CBP tenía bajo su custodia a 469 menores de edad, y ORR tenía otros 9.938 niños bajo la suya.
El Gobierno del presidente Joe Biden ha seguido aplicando la polémica norma sanitaria conocida como Título 42 para rechazar en la frontera a los migrantes a quienes se considera una amenaza para la salud pública pero, a diferencia de la Administración de Donald Trump (2017-2021), se permite el ingreso de los menores no acompañados.
Las nuevas normas, que entrarán en vigencia el 6 de mayo, incluyen una actualización del requisito de edad de manera que ahora quedan protegidos de deportación los solicitantes que cumplan 21 años de edad mientras está en trámite su gestión.
Además, USCIS modificó sus requisitos de evidencias para asegurar que los menores de edad, víctimas de abuso por parte de sus mayores, o de negligencia y abandono reciban del tribunal juvenil una clasificación que les permita avanzar hacia la residencia legal permanente.
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