Guayaquil (Ecuador), 9 ene (EFE).- Ecuador cumple este jueves un año desde que el presidente, Daniel Noboa, declaró el «conflicto armado interno» en el país para luchar contra las bandas criminales, pero los altos niveles de violencia han llevado al gobernante a decretar varios estados de excepción para hacer frente a la situación.
El último fue decretado el pasado 2 de enero, basado en el «incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados» en siete provincias y tres municipios del país, según se detalla en el documento.
En el decreto también se señala que, pese al accionar del Bloque de Seguridad, una instancia creada por el Gobierno para luchar contra el crimen organizado e integrada por la Policía, las Fuerzas Armadas y los ministerios de Interior y Defensa, los grupos armados «continúan realizando acciones violentas que afectan a las actividades económicas, sociales y de seguridad ciudadana en el país».
La declaratoria de «conflicto armado interno» se produjo el 9 de enero de 2024, un día después de que hombres armados ingresaran de manera violenta en el canal TC Televisión, en Guayaquil, y retuvieran a los trabajadores en plena trasmisión en vivo. Los sujetos, que luego se identificaron como miembros de una banda criminal, fueron detenidos por la Policía.
También se registraron motines en varias cárceles y otros actos violentos en Quito y varias ciudades del país.
Como parte de esa declaratoria, 22 bandas criminales fueron identificadas como «organizaciones terroristas» y pasaron a ser «objetivo militar».
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Semanas después de la incursión, el fiscal César Suárez, que había actuado en el caso abierto por el asalto al canal de televisión, fue asesinado, y las revueltas y asesinatos dentro las cárceles no cesaron a lo largo del año.
Los homicidios se reducen
Las autoridades de seguridad destacaron en el último mes la reducción en la tasa de homicidios que en 2023 se ubicó en 47,2 por cada 100.000 habitantes y situó al país como el más violento de Latinoamérica.
Según datos de la Policía, hasta mediados de diciembre el país registraba una disminución del 16,5 % en el número de muertes violentas, que pasaron de 7.838 homicidios, en 2023, a 6.547, en 2024.
Sin embargo, esa cifra sigue ubicando al país como el más violento de la región, dijo a EFE el director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera.
De acuerdo a las estadísticas que maneja la organización, Ecuador cerró el año con una tasa de casi 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, pero «la mayoría de países de la América Latina, y sobre todo quienes tenían las tasas más altas de homicidios, también han evidenciado un comportamiento a la baja», precisó el analista en seguridad.
Para Rivera, la reducción de los homicidios no solo se debe a una «contención» provocada por la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, sino también por «una alianza» entre los grupos criminales Los Choneros y Tiguerones.
«Eso es lo que logró una reducción también a principios de 2024, sobre todo en unos distritos en donde había una confrontación de los dos grupos, como en Nueva Prosperina, en Guayaquil, y en la provincia de Esmeraldas», precisó.
Agregó que esa «paz» que hay entre estas organizaciones criminales se puede perder en este 2025 debido a una posible nueva «fragmentación» en el interior de estos grupos, que ya empezó a gestarse desde finales de 2024.
Secuestros y extorsiones se mantienen
A comparación de las cifras de homicidios, la Fiscalía registra que las denuncias por secuestros y extorsiones se mantienen altas en el país. Solo en 2023, el Ministerio público conoció de 24.902 casos de extorsión, secuestro y secuestro extorsivo a nivel nacional. Una cifra que subió a 26.056 entre el 1 de enero y el 13 de diciembre de 2024.
«Esto da cuenta que, en términos de rentabilidad, las organizaciones siguen siendo muy poderosas en el Ecuador porque siguen recibiendo financiamiento precisamente de estos nuevos delitos emergentes», explicó Rivera.
El analista señaló que el Gobierno ha hecho «muy poco» para reducir «el patrimonio y las economías ilícitas» de los grupos armados y que «no se han mejorado las capacidades de investigación e inteligencia criminal».
«Tampoco se ha visto ninguna estrategia para reducir el tráfico de armas en el país en este contexto de fragmentación y de alianzas criminales», agregó.
Rivera dijo que, luego de este año, las instituciones públicas también deben apuntar a la creación de políticas públicas que acompañen los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y permitan disminuir la violencia y mantenerla sin necesidad de estados de excepción.
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