Quito, 2 abr (EFE).- Con una veintena de asesinatos ocurridos el pasado fin de semana, Ecuador afronta una remontada de la violencia que «era previsible», según analistas, que opinan que ello no significa que el Gobierno pudiese estar perdiendo la batalla contra las bandas criminales.
Según datos de la Policía, la semana pasada hubo 137 asesinatos. De los asesinatos del fin de semana, doce ocurrieron en dos ataques armados por desconocidos que llegaron a lugares públicos donde departían las ahora víctimas, contra las que abrieron fuego en la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país.
Estado de excepción
En medio de una creciente ola de violencia, que incluyó motines en las cárceles con toma de rehenes, incendio de vehículos y la toma por parte de encapuchados armados de un canal de televisión que transmitía en vivo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó en enero el estado de excepción, que renovó a principios de marzo por 30 días.
También declaró el «conflicto armado interno» contra 22 bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», lo que le permitió la participación de los militares en las acciones de control contra la delincuencia, logrando el decomiso de miles de armas y municiones que estaban en manos de civiles.
El Gobierno había destacado la reducción de los delitos a raíz de las acciones adoptadas, pero la remontada violenta del fin de semana -que incluyó el secuestro a once personas en un hotel y el asesinato a cinco de ellas- rompió con esa estadística, lo que para Noboa es una «muestra de que el narcoterrorismo y sus aliados están buscando espacios para atemorizarnos, pero no lo lograrán», dijo.
El secretario general de Comunicación, Roberto Izurieta, apuntó este martes siempre han tenido «claro que esta lucha va a tener altos y bajos, pero lo único que tiene que ser permanente e incrementarse es el compromiso de las Fuerzas Armadas, la Policía y el presidente del Gobierno de ser victoriosos en esta lucha».
Los analistas César Ulloa y Santiago Basabe coinciden en señalar que eran previsibles hechos como los ocurridos. «Esperemos que esto tampoco desborde demasiado», dijo Basabe a EFE.
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Para Ulloa, el Gobierno no está perdiendo la batalla contra los grupos criminales, pero cree que la población si está alerta pues los sucesos ocurrieron en un festivo, en el que se pretendía restaurar la confianza ciudadana para desplazarse por el país.
«Lo que vemos es una suerte de tres meses de repliegue de las bandas, que luego comienzan a manifestarse de distinta forma y de manera bastante continua», comentó a EFE.
Consulta popular
Los hechos ocurrieron mientras los ecuatorianos se preparan para responder, el 21 de abril, a un plebiscito sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos e instaurar juzgados en materia constitucional, entre otros temas.
Los analistas presumen que los sucesos podrían traducirse en un «espaldarazo al Gobierno» pues la gente podría votar para que exista mayor vigilancia y control.
Para Ulloa, la consulta es un «parte aguas» porque si se aprueba la participación de los militares, «estaría estableciéndose una carta abierta para que aquello que es excepcional, termine siendo permanente».
Investigaciones judiciales
Tras los sucesos del fin de semana, la Fiscalía alertó sobre presuntos intentos de grupos criminales para desestabilizar el país y entorpecer las investigaciones en curso, como las del caso «Metástatis», que indaga una trama de corrupción judicial, policial y carcelaria.
Sin entrar en detalles, mencionó «intentos desesperados de las organizaciones criminales, que -a través de diversas estrategias que han puesto en práctica y otras que planean ejecutar- buscan desviar la atención de estos procesos, desestabilizar al país y entorpecer las investigaciones».
Ulloa cree que el caso «Purga», que se derivó del «Metástasis», ha comenzado a «develar una serie de personajes que posiblemente nunca estaban en entredicho en el proceso de investigaciones».
«Es un caso donde la cola todavía no tiene una extensión definida, la anchura tampoco y la profundidad tampoco», dijo al opinar que «todavía no se llega a topar algunos sectores que, posiblemente, quieran desestabilizar de cara a interrumpir los procesos de investigación que se lleva la Fiscalía».
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