En la relación entre la economía y la política, parto de la certidumbre de que esta relación es interdependiente y complementaria en ambos sentidos. El materialismo histórico dialéctico expone que la infraestructura económica determina la superestructura política. En los sistemas democráticos que tratan de evolucionar desde el neoliberalismo, se necesita de condiciones políticas básicas para sustentar un orden económico que busque instaurar relaciones sociales más justas y equitativas. Este es el caso del orden político venezolano instaurado bajo el proceso histórico conocido como Revolución Bolivariana.
En las sociedades, no existe nada más probatorio que una elección para estimular la participación política de los ciudadanos y nada como las condiciones económicas para determinar su intención de votar. Esta correlación de factores ha sido objeto de manipulación y negación por parte del sector opositor venezolano que no acepta las reglas del juego democrático.
La observación de los hechos nos lleva a conclusiones irrefutables: La captación de agentes económicos y su posterior transformación en actores políticos.
Para las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015, el desabastecimiento paulatino y constante antes de la cita electoral y el discurso político con la promesa / esperanza de «la última cola» sustentan esta apreciación. Sectores económicos migraron hacia la confrontación política con armas económicas.
La solicitud de sanción que genera una crisis económica y permitirá el desplazamiento político. Desde 2017 la dirigencia extremista venezolana solicitó a la administración Trump aumentar el cerco económico con resultados catastróficos para Venezuela, las consecuencias a corto plazo no se hicieron esperar. Aunado a un esquema de ataque incesante contra nuestra moneda y devaluación inducida.
El impacto directo lo sufrió la industria petrolera. La producción petrolera representa 96 dólares por cada 100 que entran al país, pero la imposibilidad de una verdadera transferencia tecnológica nos impuso el hecho histórico de que nuestra gasolina posee un promedio de 42% de componentes importados entre catalizadores, diluyentes y aditivos, y que hoy se nos niega el acceso a ellos, en los mercados internacionales a partir de las sanciones de 2015.
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Una economía que para cubrir sus necesidades necesita una media de 1.800 millones de USD, fue llevada a recibir solo 80 millones tal cual como lo percibe en la actualidad, sin contar que desde octubre de 2019 no tenemos ingresos por conceptos de exportación petrolera. Entre 2015 y 2018, Venezuela dejó de percibir alrededor de 130 mil millones de USD gracias a las medidas unilaterales implantadas por los EEUU. Solo el robo de CITGO ocasionó pérdidas patrimoniales a la República por el orden de 11 mil millones de USD en 2019.
La elección del 6D será histórica. Nos permitirá que el poder legislativo reasuma su rol protagónico para la defensa del interés nacional. Plantarnos en la esfera mundial con una institución nacida al calor de la voluntad popular de un país. Rescatar un poder público secuestrado por operadores políticos transaccionales, nos permitirá evitar los planes de balcanización, entreguistas y separatistas ocultos en la agenda opositora. La Asamblea Nacional que surja del sufragio popular, será genuina expresión de la Venezuela que no se entrega, y que por encima de todo no renuncia a su independencia.
