En el marco de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas realizada el pasada año en Madrid, el representante de Venezuela, Jorge Rodríguez, hizo un ferviente llamado a salvar al planeta, pues “estamos al borde de una catástrofe climática”. Rodríguez recordó cómo Venezuela había ratificado en las últimas conferencias su compromiso con la lucha por la preservación del planeta y que incluso dentro del Plan de la Patria chavista, esta premisa conforma uno de los cinco objetivos estratégicos.
Sin embargo, y en oposición radical a estas palabras, en el Arco Minero se está cometiendo uno de los más graves ecocidios del planeta. Ubicado al sur del río Orinoco, el Arco Minero ocupa 111.846,86 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12% del territorio nacional. Es una extensión mucho más grande que países como Holanda, Suiza, y Panamá. Se ubica entre los estados Bolívar, Amazonas y Amacuro: Habitan allí 16 comunidades indígenas y es un territorio de una biodiversidad muy rica pues se calcula que viven allí 1.200 especies de peces, 850 de aves, 257 de mamíferos, 205 de anfibios y 204 de reptiles. Toda esta increíble riqueza está hoy seriamente amenazada.
La extracción de forma masiva de minerales como bauxita, coltán, diamantes, hierro y sobre todo oro, ha generado una grave contaminación de los ríos, pérdida del subsuelo, deforestación, enfermedades como la malaria y la proliferación de grupos armados al margen de la ley. El mercurio es el elemento químico utilizado durante la actividad minera y tiene un efecto letal sobre los ríos y los suelos. Tras arrancar la tierra con chorros de agua a presión, le echan mercurio para separar la tierra del metal y extraer el oro. El mercurio termina en los ríos y contamina seriamente el agua.
En cuanto a la deforestación, según la ONG venezolana Provita, que ha estudiado la biodiversidad de Venezuela durante más de 3 décadas, en los últimos años han sido devastados 5.266 kilómetros cuadrados de vegetación, en su mayoría para desarrollar las operaciones mineras. Se calcula que en el Arco Minero hay 1.899 puntos de minería no autorizados y para posibilitar su funcionamiento hay que arrasar entre 2 y 10 hectáreas de selva por cada punto.
La deforestación, el uso del mercurio y los fosos de aguas estancadas han desatado brotes significativos de una enfermedad que Venezuela hace años había superado: la malaria que está azotando a las poblaciones de la región, especialmente a los indígenas. La situación es tan grave que se calcula que en el año 2018, la malaria causó el 21% de las muertes en el estado Amazonas y el 25% en el estado Bolívar.
Además de la malaria, mafias dedicadas a la prostitución y la trata de blancas están causando estragos en la población de la región: niñas y adolescentes indígenas son vendidas o abusadas por los mineros ilegales en el estado Bolívar.
Por si fuera poco, el arco minero parece ser tierra de nadie, una región donde operan mafias y grupos de delincuentes muy bien armados y grupos paramilitares y guerrilleros, hasta el punto que se calcula que el 60% del financiamiento del ELN proviene de la minería ilegal de Venezuela, y en el caso de los disidentes de la FARC, el 50%.
Ante esta realidad, resulta cínico el discurso sobre la defensa del planeta, la soberanía nacional, y la afirmación recurrente de que en Venezuela estamos impulsando un modelo productivo y superando de una vez el modelo económico rentista, cuando simplemente estamos sustituyendo el rentismo petrolero por el minero.
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