Santos anuncia controles más estrictos con 3.000 agentes y un centro de atención al migrante en colaboración con la ONU
El éxodo masivo de venezolanos que huyen a Colombia se ha convertido en los últimos meses en una emergencia humanitaria que afecta a ambos países, que comparten unos 2.200 kilómetros de frontera. Lo es bajo el régimen de Nicolás Maduro, por la escasez ya estructural que golpea a la población. Y lo es al otro lado de los ríos Táchira o Arauca, donde el impacto de los flujos migratorios, que aumentaron un 110% el último año, es cada vez más difícil de sostener, según las autoridades locales. Alrededor de 550.000 personas, con visado y sin papeles, llegaron con la intención de quedarse en Colombia. Esa cifra, según cálculos oficiales, puede alcanzar el millón en julio.
Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, recibe cada día decenas de miles de venezolanos que cruzan los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Hoy es una suerte de ciudad dormitorio. Desde ese municipio, el presidente Juan Manuel Santos anunció este jueves una batería de medidas para afrontar esta crisis, que incluyen el despliegue de más de 3.000 agentes en esos territorios y la construcción de un centro de atención al migrante en colaboración con Naciones Unidas.
“El problema se ha venido agravando, ha venido creciendo. Y eso, pues, ustedes saben que es debido a esta terrible crisis que vive Venezuela”, señaló el mandatario, acompañado de buena parte de su Gobierno, al término de una reunión en la que participó junto el jefe de la ONU para Colombia, Martín Santiago, con alcaldes de municipios fronterizos, representantes gremiales y mandos militares. “Y es una crisis que está afectando no solamente al departamento de Norte de Santander. A todos los departamentos de la frontera. Y a todos los departamentos de Colombia, porque en todos los departamentos hay presencia de migrantes venezolanos y hay efectos que tienen sobre lo que hoy estamos viviendo”, aseguró.
Santos explicó que se reforzará el control militar en los pasos fronterizos y en las trochas, los caminos más remotos convertidos en las vías habituales del contrabando, la delincuencia y el tráfico de personas. Al mismo tiempo, las autoridades buscan regular el ingreso de venezolanos de manera “controlada, ordenada y dentro de la legalidad”. Los ciudadanos del país vecino que ya se encuentran en Colombia deberán acudir en un plazo de dos meses a una personería o una defensoría. En esas oficinas públicas, repartidas en todo el territorio, tendrán que registrarse y recibirán un comprobante con su estatus. El gobernante adelantó también que ya no se expedirán las llamadas tarjetas de movilidad fronteriza, utilizadas sobre todo por quienes se desplazan a diario entre las ciudades venezolanas de San Cristóbal y San Antonio y Cúcuta. A partir de ahora, será obligatorio sellar el pasaporte.
Los servicios sanitarios colombianos han vacunado a más de 112.000 personas, han atendido a más de 23.000 niños y a cerca de 900 mujeres a punto de dar a luz. Alrededor de 10.000 menores han ingresado en los colegios públicos. “Los niños van a seguir recibiendo educación y van a seguir recibiendo acompañamiento del ICBF, siempre y cuando estén registrados”, recalcó Santos, quien habló también generosidad y alertó contra los brotes de intolerancia. “Venezuela fue muy generosa con Colombia cuando los colombianos quisimos irnos a buscar una mejor vida. Y a los millones de colombianos que quisieron irse para Venezuela a buscar una mejor vida nos abrieron sus brazos, nos abrieron sus puertas. Nosotros también debemos ser generosos con Venezuela en estos momentos de dificultad”, consideró antes de pedir que se evite la xenofobia y las actitudes hostiles.
“Así como seremos severos en los controles, seremos solidarios con los migrantes”, prometió. ¿De qué forma? Una muestra, dijo, será la construcción, con la ayuda de Naciones Unidas, de un centro de atención al migrante con capacidad para acoger a 2.000 venezolanos de paso por el departamento de Norte de Santander. También instruyó a los inspectores de trabajo para que castiguen cualquier tipo de abuso laboral, ya que el éxodo masivo puede favorecer la explotación. “No vamos a permitir que empresarios inescrupulosos abusen de los migrantes venezolanos. Que abusen ofreciéndoles salarios de miseria”, agregó. “Además, esos salarios de miseria atentan también contra el empleo de los colombianos”. El hombre de confianza del presidente colombiano al frente de la coordinación de este operativo será Felipe Muñoz, actualmente delegado en la oficina de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo.
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