Junto con un grupo de educadores que se sienten afectados, el Prof. Rubén Rosario Coordinador de La Coalición Sindical Magisterial Municipal, nos comunicó que nuevamente fue elevado el caso de los docentes con la forma 14-08 en condición de sugerencia de incapacidad definitiva y permanente. Ellos están reclamando por el acoso y negativa por parte de los directores de las instituciones educativas, que aducen no tener autorización por parte del municipio Escolar o el Coordinador del Circuito respectivo, además amenazándolos con un procedimiento administrativo y de esta forma se niegan a recibir los reposos médicos emitidos por el Seguro Social Obligatorio (SSO.) tal y como fue convenido entre La Coalición Sindical Magisterial Regional y la Coordinación del SSO y la Zona Educativa. De esta forma – Denuncian lo educadores afectados – “Se nos desconocen los permisos y las exposiciones de motivos de la enfermedad para lo cual es suficiente la 14-08 y una copia de la cedula de identidad, mientras nos ponemos de acuerdo para la verdadera evaluación y acto médico que nos harán posteriormente. Todo esto está avalado por la Inspectoría del Trabajo y La Defensoría del Pueblo, además de hacer valer nuestra prerrogativa establecida en los artículos: 83 y 84 de la Crbv”.
Enfermedades terminales
Más adelante – Continua el Prof. Rubén Rosario – “Todo esto viene después que a finales del año pasado cientos de docentes que se encuentran en esta situación, estuvieron en el SSO de Valera y que posteriormente hubo los acuerdos que antes les referimos, porque todos estos docentes tienen los informes médicos que están avalando esa sugerencia y en un momento en que al docente le están cancelando de 6 a 10 mil bolívares, esto no le alcanza ni para asistir a la cita médica con el especialista”.
Tenemos conocimiento de algunos docentes que padecen enfermedades terminales u otras propias del ejercicio de la docencia, por lo que no dudan que hubo un apresuramiento en el acto médico ejercido por parte de quienes vinieron del nivel central.
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Las personas afectadas emplazaron la zona educativa y hasta ahora no han recibido respuesta de quienes hicieron la encuesta en el 2018. En esa ocasión no hubo acto médico que pudiera calificar la evaluación clínica porque se requiere de estudios profesionales para de acuerdo al especialista, determinar quienes deben ser incapacitados y quienes no.
