Caracas, 15 mar (EFE).- El diputado José Brito, que fue expulsado de la oposición tradicional en 2019, pidió este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclarar el «limbo» jurídico en el que considera que se encuentra Primero Justicia (PJ), partido al que perteneció durante años y en el que milita el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.
Frente a periodistas, en Caracas, informó de una solicitud que envió a la Sala Constitucional para que aclare el estatus del partido, tras recordar que, en junio de 2020, el TSJ intervino la formación y lo nombró a él como líder de una junta directiva ad hoc, una decisión que el alto tribunal suspendió tres meses más tarde.
«Esa medida quedó en el limbo jurídico (…) eso no está resuelto», aseguró Brito, quien espera que el Supremo responda esta pregunta con carácter perentorio, en vista de que, entre el 21 y el 25 de marzo, los partidos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a sus candidatos para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«Queremos saber si Primero Justicia está en condiciones de postular y quiénes son los autorizados para postular», reiteró el también aspirante a la Presidencia, a quien la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque antichavista, señala de «tarifado» por el Gobierno.
El 4 de septiembre de 2020, en un escueto mensaje publicado en su sitio web, el TSJ anunció la suspensión de la medida cautelar de tutela dictada el 16 de junio del mismo año contra el partido.
La decisión derogada implicaba que la nueva directiva podría utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y «cualquier otro concepto propio» del partido, algo que la PUD prevé usar a favor de su candidatura en las próximas presidenciales.
Primero Justicia, que forma parte de los cuatro partidos más fuertes de la oposición tradicional, es uno de los dos -junto a Un Nuevo Tiempo- que hasta ahora mantiene poder sobre su tarjeta, luego de que Acción Democrática y Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, sufrieran intervenciones judiciales que pusieron los símbolos de sus formaciones en manos menos críticas con el chavismo.
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