Caracas, 31 jul (EFE).- La dirigente opositora Dinorah Figuera es la ficha elegida por Estados Unidos para tender puentes entre la oposición y el chavismo en el marco de la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por tropas estadounidenses.
Después de ocho años de exilio en España, donde se mantuvo bajo perfil pero defendiendo la vigencia del Parlamento electo en 2015 como su última presidenta, Figuera ha vuelto a retomar la escena pública en Venezuela, debido a la tarea encomendada por Washington de discutir reformas claves como el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por el chavismo.
Su reaparición ocurrió tres semanas después de que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), planteara una negociación política con el Gobierno de Delcy Rodríguez y con el acompañamiento de Estados Unidos para «restaurar la democracia» en el país suramericano.
Figuera, de 65 años, trabajaba, hasta entonces, cuidando a personas mayores en España, según ella misma había relatado. Aunque dos meses antes había sido convocada a una reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Michael Kozak, quien la reconoció como presidenta del Parlamento de 2015.
Fue en ese encuentro cuando conversaron sobre vías para una «transición democrática estable, ordenada y consolidada» en Venezuela.
Su designación para cumplir con este rol se dio además después de que la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, señalara que era ella quién debía liderar las negociaciones con el Gobierno encargado de Rodríguez.
Figuera reconoció haber tenido «diferencias» con Machado, a raíz de su regreso al país para empezar a abordar esta agenda de trabajo.
Días después, la exparlamentaria aseguró que Machado es «muy importante en este proceso» y que todos los sectores democráticos serán convocados para aportar propuestas.
Carrera política
Médica de profesión y con una tendencia ideológica de «centro humanista», la opositora empezó su carrera política justo cuando estudiaba medicina en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
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Militó en la Causa R -centroizquierda- y luego pasó a Primero Justicia (PJ), organización de Julio Borges, uno de los opositores que también ha encabezado uno de los múltiples diálogos con el chavismo.
Figuera fue electa diputada en 2015 y fue nombrada presidenta de este ente en enero de 2023, pese a que el período legislativo ya había vencido en 2021.
La oposición, que había sido mayoría parlamentaria entre 2015 y 2021, decidió «extender» la vigencia del Parlamento bajo el argumento de que las elecciones legislativas para el siguiente período habían sido fraudulentas y que el entonces presidente Nicolás Maduro, reelecto en un proceso en el que la oposición no pudo participar por inhabilitaciones políticas, estaba usurpando el poder.
La juramentación de Figuera se dio en una reunión virtual, junto con las exdiputadas Marianela Fernández y Auristela Vásquez -también exiliadas- como vicepresidentas.
Poco después, el entonces fiscal general, Tarek William Saab, las acusó de usurpación de funciones, legitimación de capitales, asociación ilícita y traición a la patria.
Figuera también fue diputada en el periodo 2010-2015 y antes concejal del municipio Libertador de Caracas (1995-2000) y de la extinta Alcaldía Metropolitana de la capital venezolana (2000-2004).
Su entorno la describe como una persona comprometida, seria, honesta, solidaria y de trabajo en equipo, que «cree en la coherencia política para tener una eficacia».
En su breve regreso a Venezuela el pasado junio, para sostener una primera reunión con representantes del chavismo, dijo que venía con un rol institucional y no partidista, sin precisar si ya no forma parte de Primero Justicia, que ha manifestado su apoyo a este nuevo proceso de diálogo.
La dirigente se exilió en España en 2018, luego de permanecer un tiempo asilada en la Embajada de Francia en Caracas.
Según indicó en una entrevista con EFE en 2023, su asilo y exilio se dio a raíz de sus denuncias por el «asesinato» del concejal Fernando Albán, quien, aseguró, «fue lanzado desde el piso diez de una comisaría del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el que permanecía detenido».
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